Con el objetivo de fortalecer la independencia, objetividad y eficacia en la supervisión y control de la administración pública, la Contraloría implementa una política de rotación de Comisarios Públicos. Esta iniciativa, impulsada por el titular de la Contraloría, Álvaro Bardales, busca promover la transparencia en el manejo de los recursos y la gestión gubernamental.
Como parte de ello, se firmaron 46 nuevos nombramientos de Comisarios Públicos, quienes tienen la responsabilidad de supervisar las acciones de los órganos de gobierno en los 67 organismos que conforman la administración pública estatal. Su papel es esencial en las sesiones de estos órganos, donde se vigila la legalidad, eficiencia, transparencia y correcta operación del gasto público. Los resultados de su labor son fundamentales para la toma de decisiones que beneficien directamente a la ciudadanía y refuercen la política de priorizar el bienestar del pueblo.
La Contraloría fortalece el área de Comisarios con la incorporación de un equipo de doce miembros, cada uno a cargo de la supervisión de entre cinco y seis organismos descentralizados en promedio. A partir de enero, este equipo participó en 414 sesiones, de las cuales 132 fueron ordinarias y 282 extraordinarias. En esta primera etapa de la política de rotación, se alcanzó una cobertura del 68.65% de los organismos, lo que asegura el cumplimiento de los objetivos planteados.
Durante las sesiones, se abordan temas críticos como la aprobación de presupuestos, reglas de operación de programas sociales, adecuaciones presupuestales, nombramientos, estructuras orgánicas y normativas internas. Estas discusiones buscan enriquecer las políticas de un gobierno colaborativo e impulsar el desarrollo sostenible.
Estas acciones se suman a otras iniciativas lideradas por el secretario Álvaro Bardales, destinadas a prevenir malas prácticas y actos de corrupción, dinamizar el trabajo y fortalecer las competencias de los contralores y comisarios en funciones. La rotación de comisarios se presenta como una práctica efectiva de control interno, además asegura la transparencia y eficiencia en la administración pública. Con estas medidas, la dependencia reafirma su compromiso con la transparencia y la eficacia en la gestión pública, lo que beneficia directamente a la ciudadanía y fortalece la confianza en las instituciones gubernamentales.