Un programa de inspección exhaustiva ha revelado que al menos 20 planteles de bachillerato en Hidalgo operan en condiciones de infraestructura «precarias», careciendo de servicios básicos como baños dignos. La situación, que afecta principalmente a escuelas en regiones alejadas, rurales e indígenas, ha llevado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) a anunciar un plan de reconstrucción en algunas de las instituciones afectadas.
Natividad Castrejón Valdez, titular de la SEPH, informó sobre los hallazgos tras la culminación de las inspecciones. Según Castrejón Valdez, estas escuelas presentan deficiencias significativas, incluyendo pisos de tierra e instalaciones improvisadas, lo que repercute directamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Uno de los problemas más apremiantes identificados es la falta de acceso a sanitarios. El funcionario destacó que, en algunos planteles, los alumnos deben desplazarse más de cien metros para utilizar un baño, incluso bajo condiciones climáticas adversas como la lluvia. Esta situación ha sido calificada como una prioridad a corregir por la Secretaría.
Además de la infraestructura deficiente, se constató que varias instituciones educativas funcionan en espacios prestados o adaptados, lo que agrava las carencias para un desempeño óptimo de las actividades académicas y administrativas. Cada uno de estos centros atiende a entre 30 y 60 estudiantes, tanto hombres como mujeres, quienes, junto con el personal docente y administrativo, enfrentan estas limitaciones diariamente.
En respuesta a esta problemática, el gobierno del estado de Hidalgo ha proyectado la reconstrucción de los telebachilleratos afectados. Estas acciones buscan garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación en entornos dignos y adecuados. Los recursos necesarios para estas obras serán reorientados desde el presupuesto destinado a la educación básica.
Castrejón Valdez señaló que, el costo promedio estimado para la reconstrucción de cada plantel asciende a aproximadamente cinco millones de pesos. A pesar de que algunos de estos bachilleratos atienden a un número reducido de estudiantes, las autoridades estatales enfatizan que el derecho a la educación obliga a proporcionar una infraestructura adecuada, independientemente del tamaño de la matrícula.