La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso para Marcos. Miguel. T. V., exalcalde de Singuilucan, por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por incumplimiento de un deber legal agravado.
El pasado 23 de octubre, al exedil le fueron ejecutadas dos órdenes de aprehensión; la primera por uso ilícito de atribuciones y facultades, a partir de que en su calidad de presidente municipal en el periodo 2020-2024, solicitó recursos extraordinarios “para resolver las necesidades apremiantes y atender la problemática social del municipio”, en conceptos como: “sanitización de áreas comunales”, “papelería y artículos de escritorio”, “traslado de maquinaria”, “renta de maquinaria”, “sueldo de personal eventual”, entre otros.
Con base en las indagatorias a cargo de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, con los recursos solicitados, que ascendieron a 109 millones 645 mil 325 pesos, presuntamente celebró de manera ilegal, 161 contratos con 22 personas físicas y morales.
En lo que respecta al segundo proceso penal, se deriva de que, bajo el mismo cargo, dejó de cumplir con las funciones inherentes a su responsabilidad, toda vez que omitió atender el proceso laboral 253/2016, mismo que generó el pago de obligaciones económicas señaladas en el laudo dictado en el citado expediente, por la cantidad de 16 millones 355 mil 405 pesos.
Por esos hechos, el imputado fue puesto a disposición de un juez de control, autoridad que fijó fecha y hora de las audiencias correspondientes en las que el Ministerio Público le formuló las imputaciones respectivas, por cada una de las conductas con características de delito.
Con base en los datos de prueba aportados por la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, esta representación social obtuvo de la autoridad judicial, el auto de vinculación a proceso para Marcos. Miguel. T. V., por uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por incumplimiento de un deber legal agravado.
La medida cautelar impuesta para ambos asuntos es la prisión preventiva y se otorgó un plazo de tres meses y cuatro meses respectivamente, para investigación complementaria.