Elementos de la Policía Federal detuvieron en San José Iturbide, Guanajuato, a Miguel Valdés Moreno, junto con Graciela Olvera Jiménez, ambos considerados parte del grupo de los 10 delincuentes más buscados en el estado de Hidalgo.
Valdés Moreno, de 36 años, es señalado como el presunto responsable de ordenar la detonación de un coche bomba en el municipio de Tula, Hidalgo, el 22 de enero de 2011; esa explosión causó la muerte del Comandante de la Policía Ministerial de dicho municipio, Víctor Peña Pérez. Por su parte, Olvera Jiménez, de 50 años, es probable responsable de escribir el mensaje colocado dentro del vehículo que estalló.
Hay que mencionar el 22 de enero del 2011 en el municipio de Tula de Allende, un automóvil marca Volkswagen tipo Bora estallò cerca de la carretera estatal Tula-Tepeji en la comunidad de El Carmen, el atentado dejó como saldo un comandante de la policía ministerial muerto y tres oficiales de policía heridos.
Todo comenzó cuando las autoridades locales recibieron una llamada anónima en la que indicaban que en el interior de un vehículo se encontraba una persona fallecida, al arribar al lugar indicado el comandante Víctor Peña Pérez, abrió la puerta de la unidad y estalló recibiendo el impactó de frente.
A pesar de recibir atención médica, el comandante perdió la vida. En su momento trascendió que en el interior del vehículo se encontraba una cartulina con varios nombres de elementos policiacos de la entidad entre los que resaltaban el nombre del ahora occiso y del que era secretario de seguridad pública de la entidad, Damián Canales Mena.
Miguel Valdés Moreno es presunto encargado de un grupo delictivo en los municipios de Actopan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez, Tepeji del Río de Ocampo y Tula de Allende. Cuenta con tres órdenes de aprehensión del fuero común por secuestro y homicidio, así como dos órdenes de aprehensión del fuero federal por delincuencia organizada.
Por su parte, Graciela Olvera Jiménez perteneció a la Policía Ministerial del Estado de Hidalgo y es probable responsable de pagar la nómina de los integrantes de esa corporación que protegían al crimen organizado. Cuenta con dos órdenes de aprehensión del fuero común por secuestro y homicidio y se le relaciona con cuatro averiguaciones previas por delincuencia organizada, que están en proceso de integración en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Ambos sujetos fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo.