- Aprobar el presupuesto y después bloquear su ejecución perjudica a la ciudadanía y abre espacios a presiones y favores políticos
- Eliminar autorizaciones duplicadas exige mantener la vigilancia, la transparencia y las responsabilidades de quienes contratan
El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la eliminación de autorizaciones duplicadas para las contrataciones municipales y sostuvo que los recursos públicos no pueden quedar sujetos a disputas políticas, intereses personales o incapacidad para construir acuerdos.
Señaló que, cuando el presupuesto ya fue aprobado y se cumplen los requisitos legales para contratar, exigir nuevamente el aval del Cabildo puede detener las mismas obras y acciones que el ayuntamiento autorizó.
La discusión cobró fuerza este 15 de octubre, cuando Pachuca respaldó la minuta de reforma al artículo 141 de la Constitución estatal con 14 votos a favor y cinco en contra, en medio de cuestionamientos sobre sus efectos en los contrapesos municipales.
La postura del contralor es firme: revisar el gasto constituye una obligación, pero utilizar una autorización pendiente para obtener plazas, contratos o beneficios personales representa una conducta que debe investigarse cuando existan elementos.
La Contraloría recibe constantemente quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros porque las autorizaciones se detienen y el presupuesto no se ejecuta. Las consecuencias recaen en las comunidades: obras que no comienzan, servicios que se retrasan y necesidades que siguen sin respuesta.
Aprobar un presupuesto implica asumir la responsabilidad de que se convierta en resultados. No puede autorizarse en el papel y mantenerse bloqueado en la práctica.
Frente al argumento de que la reforma debilita la vigilancia, Bardales sostuvo que la contratación pública tiene obligaciones que deben cumplirse: procedimientos de obra y adquisiciones, suficiencia presupuestaria, integración de expedientes, comprobación de pagos y fiscalización. También intervienen los órganos internos de control y la ciudadanía organizada en comités de Contraloría Social.
La preocupación por preservar los contrapesos es legítima; también lo es exigir que esos controles funcionen y permitan atender a la población. Ninguna facultad pública debe convertirse en un coto de poder ni en una oportunidad para negociar beneficios particulares.
El señalamiento alcanza también a las presidencias municipales: agilizar los procedimientos no justifica contrataciones arbitrarias, proveedores favorecidos ni obras deficientes. Quien ejerce el presupuesto debe acreditar cada decisión y responder por cualquier irregularidad.
Además, existen recursos federales sujetos a plazos cuyo incumplimiento puede generar la obligación de devolverlos. Una confrontación política puede terminar costándole a una comunidad el agua, el drenaje o la calle que esperaba.
Por ello, el debate debe examinar resultados concretos: qué contrataciones se detienen, por cuánto tiempo, con qué argumentos y qué consecuencias tiene esa demora. El voto contra la reforma, por sí mismo, no demuestra irregularidades; los condicionamientos indebidos deben documentarse e investigarse.
La postura del funcionario fue clara: que el Cabildo vigile, que la administración ejecute y que todos rindan cuentas. El presupuesto pertenece al pueblo; ninguna autoridad tiene derecho a utilizarlo para cobrar favores o ajustar cuentas políticas.