El sistema judicial confirmó que, las leyes y discursos suenan muy bien cuando se trata de hablar de la vida libre de violencia a favor de las mujeres, pero que son letra muerta cuando se debe aplicarlas y garantizar los derechos de las víctimas como ocurrió recientemente con Rosaura en Mineral de la Reforma, quien perdió la vida a manos de su violentador un ex policía municipal.
La actuación negligente, desaseada y lenta para detener las agresiones contra ella, nos mostraron que, el problema de la procuración y administración de justicia no es de leyes actualizadas, cursos, talleres, y hasta diplomados a servidores púbicos para actuar con perspectiva de género o visibilizar con gigantescos moños y dedicar un día a eliminar la violencia, si no de eficacia y determinación.
El caso de la joven madre que dejó en la orfandad a una pequeña de un año ha sido tomado con ligereza notable por algunos funcionarios, linchamiento sin análisis de muchos, y posturas por tratar de eludir las responsabilidades que, en las esferas de su competencia, cometió la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, el juzgado de control penal, La Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y la propia Secretaría de Seguridad Municipal de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con los hechos y las causas penales 1508/2024 y 1689/2024, lo que menos se hizo fue actuar con perspectiva de género , para proteger a la víctima del potencial peligro, que representaba Marco Antonio M.G., el ex policía de Mineral de la Reforma.
El sujeto había violado las medidas cautelaras de la causa penal 1508/2024 al acercarse a la víctima, según los propios testimonios de amigas y familiares, pues fue grabado incluso, cuando presuntamente con uniforme policíaco y patrullas, llegó a su centro de trabajo, hecho que tenía prohibido cuando se le otorgó la suspensión condicional del proceso y en consecuencia la libertad en noviembre del 2024.
La directora de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, Lorena Cano García, no fue capaz de advertir de estos hechos y pedir una revocación de proceso a la jueza de control, Janet Montiel Mendoza, lo que era suficiente para regresar a prisión al ex agente de seguridad municipal, sin tener que esperar hasta marzo para una nueva audiencia en la causa penal 1689/2024 que recién había judicializado, que fue lo que finalmente ocurrió y dejó a Rosaura a merced de su victimario.
Tampoco la jueza Janet Montiel, tuvo la atingencia del caso y dar el derecho a la víctima de la vida libre de violencia, más cuando el riesgo era inminente, el antecedente ya existía y si bien la argumentación debió ser de la agente del ministerio público, ella tenía el criterio para actuar y tomar una determinación en un asunto tan sensible.
La Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) tampoco notificó, ni elaboró un reporte a la jueza y al ministerio público, de que, el ex policía había violado el plan reparatorio de justicia que le permitió la libertad, lo que hubiera sido una prueba elemental para regresar a prisión a Marco Antonio M.G.,y evitar el multihomicidio que le costó la vida a una familia.
Y finalmente, la policía municipal de Mineral de la Reforma, que aparentemente ha sido certificada por sus conocimientos para actuar y proteger a las mujeres, tuvo en sus filas a un potencial violentador y no fue capaz de cesarlo por sus conductas, ni advertir a la agencia de investigación del uso de uniformes y patrullas para el hostigamiento y agresiones contra Rosaura, complicidad que, por cierto, debe ser investigada, si es que en efecto ya no era miembro activo de la corporación, aunque la plataforma de consulta de elementos de seguridad pública en el país, dice lo contrario.
De mi tintero… El encarcelamiento por unos días del ex alcalde de Huazalingo Fermín G.B., y su hermano Nicolás G.B., suena a venganza del subprocurador poniente Iram González Pérez, que se empeñó en judicializar una carpeta que tenía asignada la Subprocuraduría Oriente y no él, que tiene muchos dichos y pocos elementos y además, es contra uno de los luchadores sociales que más se ha empeñado en su lucha contra los caciques e intereses representados por la familia González Pérez…Por cierto, ya que andamos en temas de la sierra y huasteca llama la atención la convocatoria del magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado Leodegario Hernández Cortez, quien reunió a actores políticos, líderes, alcaldes, asambleístas y representantes sociales en los llamados “Diálogos por la Democracia y la Justicia” lo que reafirma el liderazgo y una real operación política, pues hubo más de lo que se vio en público…
