De manera pacífica pero con el despliegue de mantas alusivas a su demanda de justicia y una verdadera intervención del Congreso local y la Procuraduría de Justicia , poco más de una docena de personas que fueron desterradas de Portezuelos Municipio de Tasquillo se manifestaron en los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados de la capital hidalguense.
A decir de los inconformes que eran encabezados por Alfredo Uribe Ramírez, delegado de la Comisión de Organizaciones de México por los Derechos Humanos, pese a los llamados de apoyo a la procuraduría General de Justicia a cuyo titular Alejandro Straffon Ortiz, acusan de no actuar en ese caso, la situación se ha recrudecido debido a la muerte de la muerte de una mujer que estaba desterrada con 41 personas más entre ellas varios menores de edad.
Aseguraron que apenas a inicio de la semana por concluir falleció Martha García Ortiz, y por la situación sus familiares no pudieron acudir al sepelio debido a que los pobladores no permitieron que pudieran ingresar a la comunidad, y ante ello insistimos en que no es posible que los usos y costumbres se basen en delitos y que las autoridades lo permitan.
Al respecto Uribe Ramírez, añadió que por dos años los desplazados de esta familia han buscado el apoyo de las autoridades de todos los niveles en el estado para la recuperación de los bienes de este núcleo familiar, así como para encontrar las garantías que permitan a los Ramírez Yáñez, regresar a sus hogares, sin embargo ni siquiera en un fallecimiento se les permitió el ingreso.
Afirmaron que ante la falta de interés de las autoridades tanto de procuración de justicia como la pasividad con que se ha abordado el tema en el congreso del estado, han decidido iniciar una nueva etapa de acciones de inconformidad hasta que tengan posibilidades de poder regresar a su comunidad y recuperar sus pertenencias.
Recordaron que en la Procuraduría de Justicia se encuentra radicado el expediente 20/2012, por los delitos de despojo, daño en la propiedad, privación ilegal de la libertad, así como lesiones, sin embargo han pasado dos años y no se ha hecho justicia, y de ellos responsabilizamos al ex delegado de gobernación en la región Francisco Moreno, quien durante su comparecencia ante las autoridades negó que la familia hubiera sido privada de su libertad lo cual es falso.
Finalmente Alfredo Uribe Ramírez, delegado de la Comisión de Organizaciones de México por los Derechos Humanos, afirmó que el problema no se ha resuelto y por el contrario cada vez es más complicado debido al acoso que reciben los integrantes de esta familia.