Quien quiera hacer negocios con el Estado debe hacerlo con reglas claras y prácticas íntegras”, aseguró el senador Cuauhtémoc Ochoa, al presentar la iniciativa que propone una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la máxima tribuna, el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, presentó la iniciativa que propone una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de prevenir la corrupción, pasar de un modelo sancionador a uno preventivo.
“Hoy se propone cambiar el enfoque; evitar que el daño ocurra, cerrar los espacios a la impunidad y garantizar que, cuando la corrupción se materialice, exista investigación eficaz, sanción proporcional y reparación integral del daño”, detalló Cuauhtémoc Ochoa.
Explicó que, la iniciativa perfecciona el regimen de responsabilidades administrativas tanto de personas servidoras públicas como de particulares, además se actualizan y precisan definiciones clave como conflicto de interés, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y encubrimiento, para abarcar nuevas modalidades de corrupción, incluidas aquellas vinculadas a beneficios políticos o ventajas no estrictamente económicas.
Destacó que, el eje central de esta iniciativa es la protección a alertadores y denunciantes, “ninguna política anticorrupción es eficaz si quienes conocen las irregularidades temen denunciar; por ello, se fortalecen los procedimientos de denuncia, se fijan plazos claros para la investigación y se establecen garantías de confidencialidad, protección laboral y personal, así como canales seguros y, cuando sea necesario, anónimos” comentó Cuauhtémoc Ochoa durante la primer sesión ordinaria del Senado de la República.
En su intervención, Cuauhtémoc Ochoa, señaló que la iniciativa propone un régimen más robusto y eficaz. Se incorporan medidas cautelares como el congelamiento preventivo de activos vinculados a los hechos investigados y medidas específicas para personas morales, incluida la prohibición temporal de contratar con el sector público.
Las sanciones deben ser proporcionales, disuasorias y orientadas a la reparación del daño, incluido el daño a la confianza pública. Por ello, se establece que las sanciones económicas superen el beneficio obtenido y se fortalecen los mínimos legales en suspensión e inhabilitación. Agregó que en el ámbito de los particulares, especialmente de las empresas que contratan con el Estado, se refuerza la corresponsabilidad.
“Quien quiera hacer negocios con el Estado debe hacerlo con reglas claras y prácticas íntegras”, culminó.