La Contraloría liderada por Álvaro Bardales, inició una serie de actividades de supervisión para garantizar la transparencia y el correcto manejo de las placas vehiculares canceladas. Esta medida busca asegurar que el proceso, desde la recolección hasta la destrucción de las placas, se realice de manera eficiente y conforme a las normativas vigentes.
La dependencia lleva a cabo exhaustivas revisiones de las placas de circulación inhabilitadas en diversos centros regionales de la Secretaría de Hacienda Estatal. Durante los meses de mayo a junio, se verificaron un total de 18 mil 424 láminas, mientras que de julio a agosto se inspeccionaron 17 mil 749 placas. Además, se realizó la recolección de 95 placas sobrantes y se recibieron mil 998 documentos digitales relacionados con bajas y actas del Ministerio Público por extravío.
El proceso de supervisión incluyó la revisión minuciosa del estado físico de las placas, la verificación de su correcta inscripción y almacenamiento, así como el cumplimiento de los procedimientos de recolección. También se realizó una exhaustiva comparación entre los registros documentales y el inventario físico de las placas.
Entre los centros regionales supervisados se encuentran localidades como Tizayuca, Actopan, Huejutla de Reyes y Pachuca de Soto, entre otros. La mayoría de estos centros mostraron un adecuado cumplimiento de las normativas establecidas, aunque se identificaron algunas observaciones menores relacionadas con la documentación y discrepancias menores entre los registros y el inventario, las cuales fueron subsanadas en presencia del Órgano Interno de Control.
El proceso de supervisión culminó con el traslado para la destrucción final de 18 mil 080 kilogramos de placas de lámina, lo cual completa así un ciclo integral de gestión de recursos públicos. Este esfuerzo no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también asegura que las placas canceladas sean recicladas de manera eficiente. Los recursos obtenidos de este proceso serán destinados íntegramente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, lo cual contribuye a la generación de beneficios sociales.
La Contraloría reafirma su compromiso con la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos, para buscar optimizar los procesos y garantizar la integridad en la administración de bienes estatales.