El Congreso del Estado de Hidalgo fijó su postura y se deslindó del uso, destino y aplicación de los recursos públicos ejercidos por la diputada local con licencia María Guadalupe Cruz Montaño, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), particularmente aquellos destinados a gestión social durante el ejercicio de sus funciones legislativas.
A través de un comunicado, el Poder Legislativo precisó que, dichos recursos fueron otorgados conforme a los mecanismos presupuestales vigentes, con el objetivo de atender necesidades sociales y apoyar actividades vinculadas al trabajo parlamentario, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones legales estatales aplicables.
No obstante, el Congreso subrayó que la correcta aplicación, manejo y comprobación de los recursos públicos es una responsabilidad directa e individual de cada diputada y diputado, sin que este órgano legislativo intervenga en su ejecución ni asuma responsabilidad por acciones u omisiones fuera del marco legal y administrativo.
De acuerdo con el “Manual de normas y lineamientos para el ejercicio del gasto de la partida 399004 Desarrollo Parlamentario para las y los diputados de la LXVI Legislatura y los órganos auxiliares del Congreso”, las y los legisladores están obligados a presentar la comprobación correspondiente en los plazos y bajo los requisitos establecidos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, el Congreso informó que la Contraloría Interna inició las diligencias de investigación correspondientes para esclarecer posibles irregularidades administrativas dentro del Poder Legislativo, como una eventual malversación de recursos públicos o la presunta falsificación de documentos por parte de servidores públicos.
Precisó que, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, la etapa de investigación es de carácter reservado, por lo que se debe salvaguardar la secrecía del proceso y el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, no se pueden proporcionar detalles, nombres ni avances específicos hasta que se alcancen las etapas procesales correspondientes.
Finalmente, el Congreso del Estado reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas, y aseguró que continuará fortaleciendo los mecanismos internos de control, supervisión y fiscalización para garantizar que el gasto público se ejerza en beneficio de la ciudadanía.