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    Capacitan a personal de la PGJEH en elaboración de órdenes de protección a víctimas

    17/11/2014 Local
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    n1— Con el NSJP será más fácil que una víctima obtenga una orden de protección

    — Esta medida legal detiene la violencia contra las víctimas

    — Segunda etapa de la capacitación jurídica a personal de la PGJEH

    Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las víctimas de violencia podrán obtener una orden de protección en contra de su agresor con más celeridad, señaló la titular del Centro de Atención a Víctimas y a la Familia (CAVI) de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) María Concepción Hernández Aragón.

    Después de inaugurar un curso sobre la técnica jurídica para expedir órdenes de protección dirigido a agentes del Ministerio Público y personal del Centro de Justicia para Mujeres, la funcionaria señaló que en la gestión actual, “es una instrucción del gobernador Francisco Olvera Ruiz y del procurador Alejandro Straffon Ortiz dar total atención a la solidez jurídica para no incurrir en omisiones legales y observar total respeto a los derechos humanos de las mujeres, y particularmente de las que son víctimas de violencia.

    Ante ello, y derivado de que el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta y obliga al agente del Ministerio Público a dictar una orden de protección de manera inmediata, pero con el cuidado necesario para no violar los Derechos Humanos del imputado, “pues la presunción de inocencia es una parte toral del Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

    Hernández Aragón manifestó que estas medidas tienen la utilidad de evitar agravios en contra de una víctima que, en su mayoría son mujeres, pero podría ser también hombres o menores de edad hasta incluso evitar una consecuencia más grave que lleve a una víctima a perder la vida.

    Explicó que las órdenes de protección son una medida que busca evitar que una mujer, o menores de edad, continúen siendo objeto de violencia por parte del agresor, por ello es que «es una prioridad del procurador Straffon que sean elaboradas con absoluta solidez jurídica para cortar el continuum de violencia (reiterados actos agresivos de toda índole en contra de la víctima)».

    Señaló que “tenemos la muy precisa instrucción del procurador Alejandro Straffon es que los agentes del Ministerio Público de cualquier agencia y principalmente los que operarán desde el Centro de Justicia para Mujeres, que es donde se concentrarán los casos de violencia contra la mujer, cuenten con los conocimientos para no incurrir en omisiones y que su actuación no rebase los límites que como autoridad tiene para evitar que se vulneren derechos de las víctimas o los agraviados.

    El curso, en esta segunda etapa, fue impartido también por el jurista Octavio Martínez Camacho, abogado postulante que cuenta con maestría en derecho penal, quien compartió con los asistentes el conocimiento y normativa bajo el cual se pueden dictar las órdenes de protección.

    Octavio Martínez Camacho es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle, con especialidad en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en Sistema Acusatorio en México impartido por la Escuela Libre de Derecho; Maestría en Derecho Penal por el Inacipe y actualmente cursa el segundo semestre del Doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

    Está certificado como docente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

    Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático invitado al Diplomado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y Catedrático en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la SHCP.

    Así mismo, el experto es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, del Consejo Editorial de la revista Derecho Penal Mínimo y asesor e investigador en áreas como: Derecho constitucional, debido proceso legal, prevención y tratamiento delictivo, entre otros cargos que ha desempeñado.

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