Las Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, avalaron en lo general el dictamen del proyecto para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio que incluye también reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a la Ley de Concursos Mercantiles y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este dictamen, que representa una prioridad para el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece los mecanismos para que el Estado mexicano recupere los bienes que son producto de actividades ilícitas o se destinen a éstas. En este sentido, el dictamen incluye la regulación del procedimiento, la legislación supletoria y aplicable; en lo relativo a la administración, enajenación y destino de los bienes, se aplicarán diversas adiciones y reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público o las respectivas de las Entidades Federativas; en la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cabe resaltar que dicho dictamen se aprobó por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en las Comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, debido a que los legisladores consideraron que con la aprobación de dichos instrumentos legales se podrá atacar la columna financiera de la delincuencia, el crimen organizado y otros delitos relacionados con la inseguridad.
El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, quien fue el negociador para la aprobación del dictamen, manifestó en su intervención, que además del intenso trabajo con los legisladores, la participación y comunicación con las instancias que operarán la figura fue muy relevante; como la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Procuraduría Agraria, entre otras instituciones.
Finalmente cabe destacar que el proyecto adopta un sistema de enjuiciamiento preponderantemente oral. Lo que a juicio del senador Julio Menchaca: “da una mayor celeridad al proceso y garantizará el respeto a los derechos fundamentales de las partes, en virtud de los principios de igualdad procesal: inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, que rigen los juicios orales”.