Durante los últimos minutos de ayer y los primeros de este jueves 31 de octubre, en sesión ordinaria del Congreso del estado fueron aprobadas dos minutas enviadas por el Senado de la República, la primera de ellas en materia de Bienestar y la segunda relativa a la impugnabilidad de las reformas que a partir de esta fecha se realicen a la carta magna.
En dichos trabajos que se pospusieron en dos ocasiones, respecto a los cambios a la Constitución política del País en materia de Bienestar, en tribuna la legisladora Alhely Medina Hernández, manifestó que de esta manera, se reforman y adicionan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Luego de la participación de diputadas y diputados sobre el tema, la minuta fue aprobada con 28 votos a favor, y se aseguró que, estos cambios tienen como finalidad reducir la edad de las personas adultas mayores de 68 a 65 años para obtener la pensión no contributiva, garantizando el acceso a un ingreso básico que mejore su calidad de vida y fortalezca su autonomía.
Más tarde, con 24 votos a favor y cinco en contra, fue avalada la minuta para reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Constitución Federal, convirtiéndose en uno de los primeros congresos del país en avalar este dictamen.
En tribuna, la diputada de Morena, Alma Rosa Elías Paso, señaló que esta minuta propone reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas que pretendan incidir sobre el texto fundamental.
A favor, de la aprobación se manifestaron la mayoría de las y los legisladores, entre ellos Yarabi González Martínez (Morena),quien destacó la importancia de esta reforma, argumentando que garantiza la supremacía de la Constitución y asegura que sus términos no serán modificados de manera arbitraria.
En cambio, al pronunciarse en en contra, la legisladora del PRI, Johana Montcerrat Hernández Pérez afirmó que esta iniciativa viola el proceso legislativo y argumentó que la prisa por aprobarla pone en riesgo el estado de derecho.
