A petición de la defensa, un juez federal aplazó hasta el 31 de enero del 2022 la audiencia de imputación contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, sin embargo, el juzgador impuso como condición que el político acusado, deberá acudir de manera presencial para comparecer.
Durante la audiencia programada este lunes ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el excandidato presidencial fue advertido de que, de no presentarse el próximo 31 de enero de 2022 de manera física, la FGR podrá solicitar orden de aprehensión en su contra.
La diligencia de este lunes estaba programada para que la FGR formulara imputación contra Anaya por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, informó al juez que debido a que la carpeta de investigación cuenta con 137 mil hojas, en un cálculo de lectura de ocho horas diarias, se requieren 284 días para terminar de revisarla, por lo que solicitó aplazar la audiencia por tercera ocasión.
“La acusación es absurda y completamente falsa y necesito tiempo para demostrarlo”, dijo el abogado.
El juzgador preguntó a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Cámara de Diputados, que compareció como víctima, quienes indicaron que no se oponían a la petición.
En consecuencia, tomando en consideración la apertura de las audiencias, el juez fijó las 09:00 horas del 31 de enero de 2022 para realizar la audiencia de imputación de manera presencial.
Como parte de las investigaciones que realizan los fiscales por el caso Odebrecht, Ricardo Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos, por lo que se enriqueció de manera ilícita a través de sobornos para garantizar en la Cámara de Diputados la aprobación de la reforma energética.
Las indagatorias se desprenden de las declaraciones que hizo el exdirectivo de Pemex, en las que involucra a exlegisladores y a otros exfuncionarios en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015, asociados con la empresa Odebrecht, o de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado, lo que dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.