- Manuel Mondragón y Kalb señala que la problemática representa un reto tanto para las instancias de salud, como para las de procuración e impartición de justicia, por su gran impacto social
Al presidir la segunda jornada del 61° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND, por sus siglas en inglés), que se desarrolla en Viena, Austria, Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, propuso líneas de acción para abordar el fenómeno de las drogas desde una perspectiva de salud pública que ponga al ser humano en el centro de atención.
Al frente de la delegación de México, acompañado de Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones, y la Embajadora Alicia Buenrostro, Elías Beltrán planteó que se garantice el acceso a medicamentos contra el dolor; y se priorice el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas que presentan uso, abuso y dependencia de estupefacientes.
Al reflexionar sobre la implementación de las recomendaciones operacionales obtenidas en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU para el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS) en 2016, dijo que dotar a la política de drogas con un enfoque de salud pública; de respeto a los derechos humanos; así como de prevención social de la violencia y delincuencia, resultan aspectos prioritarios para la Presidencia actual de la CICAD.
El Presidente de la CICAD dijo que se ha incluido el concepto de prevención de la violencia como un factor determinante para enfrentar las causas estructurales del problema y transitar hacia la recomposición del tejido social, mediante la promoción de alternativas al encarcelamiento y un enfoque de rehabilitación, para las personas dependientes de drogas.
De igual forma, comentó que se ha promovido la adopción de nuevos esquemas de alternativas al desarrollo, a fin de potenciar la incorporación de las comunidades vulnerables en proyectos socialmente equitativos, económicamente rentables y ecológicamente equilibrados con el fin de reducir su participación en actividades ilícitas.
No obstante a los esfuerzos de los estados miembros de la CICAD, por contribuir a la implementación de las recomendaciones operacionales, hizo un llamado para continuar con esta labor y fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas de drogas que permitirán analizar los resultados obtenidos, tomar decisiones oportunas y corregir procesos.
Por su parte, Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones, dijo que el consumo de sustancias psicoactivas es un grave problema de salud pública, que representa un reto para las instancias de salud, pero también para las de procuración e impartición de justicia por su gran impacto social, por lo que es indispensable considerar políticas públicas tanto para reducir la demanda como para el control de la oferta.
Consideró que los países enfrentan severos problemas y situaciones derivadas de las limitaciones financieras por el desequilibrio de los recursos que se destinan a la reducción de la demanda frente a los que se destinan al control de la oferta, aún cuando México se ha pronunciado en este sentido en diversos foros internacionales y persiste una inequitativa asignación.
Aseguró que la situación limita infortunadamente la capacidad de los gobiernos para contrarrestar de manera efectiva el fenómeno de consumo, por lo que México promueve una mejor proporcionalidad en la asignación de recursos destinados a la reducción de la demanda de drogas desde un enfoque integral, multidisciplinario y sostenible.
Mencionó que la prevención y el tratamiento suponen altos costos; por ejemplo, dijo, la elaboración de materiales, encuestas y el uso de medios electrónicos, así como los servicios de atención integral y rehabilitación que requieren mecanismos de ida y vuelta.
Consideró que otro aspecto que obstaculiza la reducción de la demanda es la toma de decisiones unilaterales de algunos países, como en el caso de la legalización del consumo de la mariguana, por lo que México propicia la discusión, así como el diálogo abierto y plural para conocer las diversas posiciones y evidencias planteadas en los distintos enfoques, siempre que éstas se apeguen a las convenciones e instrumentos internacionales.