La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados calificó de “actitud dolosa” las declaraciones del Presidente Felipe Calderón al señalar que “esta elección está por decidirse, esta elección no está decidida, se va a decidir el primero de julio entre tres candidatos muy competitivos”.
El Vice Coordinador Jurídico del PRI en San Lázaro, Arturo Zamora Jiménez, expuso que el titular del Ejecutivo Federal busca “revivir” la fallida campaña de Josefina Vázquez Mota con declaraciones para incidir en el ánimo del electorado mexicano, todo ello a 18 días de la elección presidencial.
“Vemos nuevamente a Felipe Calderón dejando de lado su rol de Jefe de Estado y convirtiéndose en el vocero de la campaña presidencial del PAN, en un activista electoral que busca subir a la competencia a su candidata”, dijo el legislador federal.
Descartó que esta nueva incursión del Ejecutivo Federal ponga en peligro las elecciones federales en marcha, pero son ingrediente más que enturbia el proceso y que busca incidir como ya lo hizo en las elecciones del 2010 en favor del PAN.
Zamora Jiménez dijo que las declaraciones del primer mandatario mexicano también son una invasión a labor que realiza el IFE en materia de equidad , vigilancia del proceso y realización de conteos rápidos y preliminares.
“Ahora tenemos a un Ejecutivo Federal que realiza encuestas y las difunde, que realiza pronósticos sobre contiendas que el supone cerradas y que revive candidatas que van en declive, lo cual es una violación al artículo 134 de la Constitución”, apuntó.
Recordó que dicho precepto obliga al Ejecutivo Federal aplicar los recursos públicos con imparcialidad para no influir en los procesos electorales, así como la propaganda y comunicación social tampoco debe ser usada con el fin de la promoción personalizada o a favor de partidos o candidatos.
El legislador federal por Jalisco respaldó a nombre del PRI la propuesta de consejeros del IFE para establecer un pacto de civilidad que evite que funcionarios de todos los niveles, desde el Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, respeten la ley y no incidan en el proceso electoral con declaraciones o acciones.