Con el alcalde Jorge Alberto Reyes a la cabeza en Pachuca, buscando la reelección, concluyó el registro de aspirantes a las 84 coordinaciones municipales en defensa de la soberanía en Hidalgo, nombre con que Morena denomina el prerregistro de sus candidaturas. En los 10 días de plazo se recibieron poco más de 300 registros.
El proceso estuvo marcado por una decisión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). El 16 de octubre, su Consejo General eliminó por mayoría de votos la reserva de candidaturas para mujeres que sí se aplicó en el proceso municipal anterior, y dejó en su lugar disposiciones generales de paridad; el acuerdo alentó las aspiraciones de unos y canceló las de otros, y en el ámbito político se leyó como un acuerdo con dedicatoria para Morena: sin una reserva obligatoria, el partido gana margen para acomodar sus candidaturas a conveniencia.
Entre los registros destaca el de Huejutla, donde la subsecretaria de Educación, Maricarmen Mandujano Cerrilla, busca suceder al alcalde Alfredo San Román Duval. En contraste, el grupo en el poder bajó de sus pretensiones a alcaldes con gobiernos cuestionados, por falta de eficiencia en servicios e indicadores de seguridad como Christian Martínez, en Tula.
En Mineral de la Reforma, también se inscribió para la reelección, el alcalde Eduardo Medécigo, impulsado para que el partido guinda retenga el ayuntamiento. Con ello se cierran las puertas a quienes buscaban la postulación, aunque en las encuestas no lograban mayoría.
En Pachuca, como hace tres años, Jorge Reyes encabeza las encuestas, supera incluso, a Miguel Tello, aspirante a una diputación federal, y a Ricardo Crespo, actual legislador. El exsubsecretario de Obras se ha mantenido al margen de las pugnas internas y ha atendido los conflictos sociales de la capital.
Aunque los expedientes están en manos de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, y de la Comisión Nacional de Elecciones, que preside Citlalli Hernández Mora, la operación pasó directamente por el escritorio del líder político de los morenistas en el estado, el gobernador Julio Menchaca Salazar. Su grupo buscará conservar las posiciones clave, y lo mismo se espera del siguiente y último proceso interno, el de diputaciones locales.
En Tulancingo, otro municipio vital en el mapa electoral, el grupo en el poder también descartó a la alcaldesa Lorena García Cázares, cuya administración ha sido cuestionada en todos los ámbitos. Los grupos observan con buenos ojos a Antonio Márquez Hidalgo, joven profesionista que figura entre los primeros lugares de las encuestas con altos niveles de aceptación. No ocurre lo mismo con Enzo Balderas Castro, a quien, de acuerdo con fuentes judiciales, se le atribuyen presuntas carpetas de investigación que limitarían sus posibilidades, igual que a otros perfiles ligados al grupo universitario de Gerardo Sosa Castelán.
Los expedientes y las encuestas pesarán, pero la valoración del grupo en el poder será el fiel de la balanza en un proceso que, por ahora, tiene a más de 300 aspirantes.
De mi tintero… Las denuncias por hostigamiento y acoso laboral, así como por abuso y violencia de parte de directivos de Radio y Televisión de Hidalgo, ya pasaron por el escritorio del gobernador Julio Menchaca, desde el pasado mes de junio y llegaron hasta la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C., el señalado es el director de televisión, Gerardo Islas Muñoz. Las afectadas, con pruebas y elementos documentados, piden su destitución. El caso se agrava por la actitud del titular del organismo Carlos Patricio Barra Moulain, acusado de solapar las presuntas irregularidades. Islas Muñoz, además, carga con un antecedente: fue despedido como productor de un noticiario radiofónico en la misma dependencia. Si una institución pública mantiene en un cargo directivo a alguien con ese historial y con denuncias en su contra, la pregunta es qué criterios pesan más, si la protección de las trabajadoras o la del funcionario…
Otro caso apunta a posibles actos de ilegalidad y corrupción en el Juzgado Tercero de Distrito. Carlos Alberto Ávalos Cervantes, hoy secretario del juzgado, habría sido objeto de una suspensión cautelar por parte del Tribunal de Disciplina Administrativa. La medida derivaría de una queja de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por haber desbloqueado cuentas bancarias cuando fungía provisionalmente como juez. Sin embargo, no está claro qué medidas se aplicaron realmente. Todo indica que, Ávalos Cervantes sigue en funciones, lo que contradice la idea misma de una suspensión. Cada dato disponible genera más preguntas que respuestas, y la opacidad parece disfrazada de protección: ¿a quién protege, al servidor público o a la ciudadanía?