Diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura avalaron el dictamen que aprueba parcialmente la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de modernización de la gestión administrativa municipal, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
Durante la discusión, el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) destacó que la propuesta busca actualizar el marco constitucional estatal para dotar a los municipios de mayores herramientas que permitan agilizar su operación administrativa y atender con mayor prontitud las necesidades de la población.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar la disposición que otorga al ayuntamiento la atribución de facultar al presidente municipal para celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público.
El legislador explicó que la disposición contenida en la fracción XV del artículo 141 tiene su origen en 1920, año en que fue expedida la Constitución local, por lo que ha permanecido durante más de 105 años en el marco constitucional. Consideró que, dadas las condiciones actuales, dicha disposición constituye un anacronismo normativo, pues responde a una dinámica social y administrativa distinta a la que enfrentan actualmente los municipios.
El objetivo, indicó, es otorgar congruencia, claridad y objetividad normativa al marco jurídico estatal, de manera que los municipios puedan operar con mayor eficiencia y eficacia, así como prestar sus servicios con mayor prontitud, atendiendo directamente las necesidades de la población.
La propuesta elimina la autorización general del cabildo que se exige para celebrar contratos sobre asuntos de interés público, con lo que se busca dinamizar la actividad necesaria para el desarrollo de los municipios y el cumplimiento de sus instrumentos de planeación.
El legislador destacó que los beneficios de esta modificación alcanzarían a los 84 municipios de Hidalgo, al establecer un marco normativo orientado a dar mayor agilidad a sus administraciones y facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la ciudadanía.
Asimismo, precisó que la reforma mantiene los controles constitucionales sobre decisiones que pueden comprometer el patrimonio y el futuro de los municipios. En este sentido, se conserva el requisito de aprobación de las dos terceras partes del ayuntamiento para la enajenación de inmuebles municipales, garantizando un control colectivo sobre las decisiones que afectan el patrimonio de la comunidad.
De igual manera, los compromisos relacionados con deuda pública que excedan el periodo del gobierno local continuarán requiriendo la aprobación de las dos terceras partes del ayuntamiento, debido a sus posibles efectos sobre el futuro del municipio y sus habitantes.
Moreno Zamora señaló que la iniciativa también pretende agilizar las contrataciones, debido a que actualmente el requisito de autorización se aplica sin distinguir entre el objeto o el monto del contrato, situación que puede generar obstáculos para la operación administrativa.
En este sentido, la reforma busca favorecer una prestación más oportuna de los servicios, al facilitar las contrataciones necesarias para responder de manera eficiente a las demandas sociales de la población.
Finalmente, destacó que la propuesta se encuentra vinculada con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo de propiciar administraciones municipales eficaces, responsables y transparentes, que contribuyan a reducir las desigualdades regionales y al desarrollo de las comunidades.
