La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este miércoles que la Interpol retiró la ficha roja de localización internacional a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga, presuntos «factureros» con orden de aprehensión por defraudación fiscal en México.
La titular del Ejecutivo Federal expuso su postura tras ser notificada sobre la cancelación de la ficha roja expedida por la Interpol en contra de estas personas identificadas por realizar operaciones con comprobantes fiscales falsos en el país.
De acuerdo con lo expresado por la mandataria en la conferencia mañanera, las autoridades mexicanas cuentan con todas las pruebas correspondientes que demuestran la responsabilidad de los señalados en esquemas de facturación falsa para apoyar a empresarios a evadir el pago de impuestos.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la medida y detalló el origen de las pruebas existentes: «Les quitaron la ficha roja. ¿Por qué? Factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, pero todas las pruebas habidas y por haber, de que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos», dijo.
Frente a la cancelación de la medida cautelar, el Gobierno de México iniciará indagatorias formales ante las instancias correspondientes para conocer los motivos técnicos o jurídicos que fundamentaron la decisión de la Interpol.
Asimismo, la presidenta confirmó que la administración federal solicitará que se reactive la ficha roja de manera inmediata. La intención es evitar que los acusados evadan la justicia o se refugien en otros países sin ser detenidos.
En el marco de las solicitudes internacionales de justicia y extradición, la presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de la reciprocidad en las relaciones bilaterales, particularmente con el gobierno de Estados Unidos y su Departamento de Justicia.
Como ejemplo de las asimetrías en la cooperación judicial, la mandataria citó el caso de Ulises Bernabé, exjuez de Barandilla vinculado a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quien obtuvo asilo en territorio estadounidense.
La titular del Ejecutivo sostuvo que dicho beneficio carece de sustento, debido a que el exfuncionario declaró falsamente sobre los hechos y nunca estuvo en riesgo su vida, por lo que México insistirá en su extradición.