Cenobio Javier C.B., recuperó su libertad hace unos días, pero no por absolución del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del que lo acusa injustamente según su defensa legal, la secretaria de Movilidad y Transporte Lyzbeth Robles Gutiérrez, y el director del Sistema de Transporte Metropolitano, Humberto Cabrera Román, sino porque la jueza Karina Vertiz Marín, habría recibido la indicación de modificar la medida cautelar durante la revisión del proceso, ante la presión que tenían autoridades estatales y el sistema judicial, por tener encarcelado a un hombre sin muchas pruebas, como ocurre en un gran número de expedientes.
A Cenobio Javier, líder transportista de por lo menos tres décadas, lo señalaron Robles Gutiérrez y Cabrera Román, de no haber ingresado 55 millones de pesos del Tuzobús, generados en 7 meses a una cuenta del organismo de Banorte y tampoco de existir un acta computada de los ingresos, según se lee en la causa penal 1825/2024 en poder de este columnista.
En cambio, los familiares y la defensa legal de quien fuera el presidente del consejo de administración de la línea corredor Tellez-Hospitales, pusieron en la mesa de autoridades de la Secretaría de Gobierno y los juzgados, las pruebas que demuestran su inocencia como documentos sellados y firmados desde septiembre del 2022 en que solicitó a Humberto Cabrera, director del extinto Tuzobús, las cuentas para realizar transferencias y este se negó a responder.
Entre los documentos enviados y que también se encuentran en los cientos de fojas del expediente judicial, están también los peritajes contables que demuestran que en realidad, se recaudaron 18 millones de pesos entre septiembre del 2022 y febrero del 2023, dinero que se utilizó en pago de combustibles, sueldos y gasto social, para la movilidad de 50 mil usuarios en 60 autobuses, mismos que fueron cotejados con la cuenta bancaria de la institución Santander a donde se depositaban diariamente.
Por si no fuera suficiente, aportaron documentos donde la empresa automotriz Zapata, reconoce el retraso de la tecnología que deberían tener los 60 autobuses y que automatizarían los pagos de los usuarios, porque el proveedor de esta, el empresario poblano Jesús Salinas, tenía desabasto de sus importaciones en China, así que en noviembre cuando ya se tuvieron los aditamentos, nuevamente Cabrera Román se negó a recibir unidades y el dinero.
A pesar de las pruebas en descargo, el caporal como se conoce coloquialmente a Cenobio Javier C.B., lo mantuvieron encarcelado, vinculado a proceso desde enero del 2025; sus abogados intentaron modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de la enfermedad crónico-degenerativa que padece y su edad, pero la petición fue desechada.
El juzgado segundo de distrito en Pachuca, con el argumento de la excesiva carga de trabajo, envío a Sinaloa el amparo 510/2025/6 donde impugnaba la vinculación a proceso y la falta de transparencia en el proceso, pero fue desechado y en una nueva revisión en juzgados de Jalisco también fue negada la protección de la justicia federal, en estos últimos casos se conoció que, los juzgadores que resolvieron son de los llamados del bienestar, esos que se eligieron con “acordeón” y que reciben instrucciones del poder ejecutivo federal, dicho de otra manera, hubo una resolución política no legal.
Sin embargo, los focos rojos se encendieron cuando en la reciente audiencia de cierre de la investigación complementaria, las autoridades de Movilidad y Transporte, no otorgaron una sola prueba ni acciones para demostrar la responsabilidad de Cenobio Javier y ante la cercanía de los dos años que establece la ley debe durar la prisión preventiva antes de que se dicte sentencia, la jueza de control Karina Vertiz, habría recibido la indicación de cambiarle la medida cautelar por la de presentación periódica y no salir del estado, además de evitar acercarse al Sistema Integrado de Transporte Masivo en Hidalgo (SITMAH).
El cambio de medida cautelar no significa una resolución definitiva, ni una sentencia sobre culpabilidad o inocencia, pero sí un avance que demostraría la hipótesis de los transportistas de que el caso fue armado por venganza y con tintes políticos de Lyzbeth Robles y Humberto Cabrera, por la acusación que su momento realizó ante la Fiscalía Anticorrupción Cenobio Javier en su contra, por uso ilícito de atribuciones agravado al haber otorgado una nueva concesión de la ruta Tellez-Hospitales a la empresa Lusa de Javier Ancona, el nuevo zar del trasporte en Hidalgo, cuando ellos tenían una vigente.
