Por: Diego Herrera
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que su gobierno tomará «medidas jurídicas más importantes» en respuesta al trágico fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que murió por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas. El incidente, ocurrido el martes 7 de julio de 2026, ha generado una fuerte condena por parte de las autoridades mexicanas, quienes exigen transparencia y justicia.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, el agente de ICE disparó contra Salgado Araujo después de que este evadiera su arresto durante una parada de tráfico. La agencia sostiene que el migrante mexicano se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo «como un arma» en un intento por atropellar a un agente, lo que llevó al disparo en «defensa propia».
Sin embargo, la familia de la víctima ha ofrecido una versión diferente. Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, ha declarado que su padre era un «hombre mexicano trabajador» que se encontraba en proceso legal para obtener su permiso de trabajo en EE. UU. y que, al momento del encuentro con los agentes federales, se dirigía a recoger a sus empleados.
Actualmente, la Oficina del Inspector General del DHS y el FBI en Houston han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos, mientras organizaciones en defensa de los inmigrantes y congresistas estadounidenses han exigido una revisión exhaustiva de todas las pruebas recabadas en el lugar.
La presidenta Sheinbaum ha sido enfática al señalar que México no puede «permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales». Durante su conferencia matutina, criticó que este tipo de casos sigan ocurriendo, donde la «única falta» de los inmigrantes es «no tener papeles», y reiteró que «no tienen por qué estar en centros de detención o que se utilice la violencia».
En este sentido, la mandataria ha instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco, para que prepare «medidas jurídicas más importantes» que irán «más allá de las notas diplomáticas» tradicionales. Aunque no se han especificado las acciones legales concretas, se espera que sean presentadas públicamente en los próximos días.
Este no es un incidente aislado. El gobierno mexicano ha enviado previamente notas diplomáticas, solicitado audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se ha sumado a demandas colectivas contra ICE por las condiciones en los centros de detención y las muertes de connacionales. Sheinbaum lamentó que, a pesar de las respuestas de EE. UU. a estos reclamos, «de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención».
El incidente se enmarca en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante este periodo, al menos 17 migrantes mexicanos han fallecido bajo custodia o en operativos de ICE en lo que va de 2026.
Reportes indican que ICE ha intensificado sus esfuerzos de detención, con un aumento significativo en el ritmo de arrestos, alcanzando cerca de 2,000 detenciones diarias. Esta estrategia, impulsada por la administración Trump, busca redoblar la aplicación de las leyes migratorias, generando preocupación por los derechos humanos de los migrantes.

