Por: Diego Herrera
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ha sido vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco del controvertido caso Agronitrogenados. La decisión fue tomada por una jueza federal tras una audiencia maratónica de 14 horas.
La jueza de control Nora Ileana García Peralta determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para presumir que Gilda Susana formó parte de un esquema para beneficiar a su hermano Emilio. Se le señala como beneficiaria de movimientos financieros millonarios, triangulados desde cuentas en Suiza, que habrían servido para adquirir una residencia de lujo en la Ciudad de México valuada en 34 millones de pesos.
La FGR sostiene que Gilda Susana recibió 3.4 millones de dólares en 2012 a través de la firma Tocho Holdings Limited en Ginebra, Suiza. Este dinero, según la investigación, fue un presunto soborno de Altos Hornos de México (AHMSA) para asegurar la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados por parte de Pemex en 2013, cuando Emilio Lozoya ya era director.
A pesar de la vinculación a proceso, Gilda Susana Lozoya enfrentará el proceso en libertad condicional. La jueza ratificó medidas cautelares que incluyen el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país y de la Ciudad de México, y la obligación de presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.
La FGR había solicitado un cambio de medidas cautelares para que la imputada enfrentará el proceso en prisión preventiva, argumentando nuevos datos de prueba que acreditarían un riesgo de fuga. Sin embargo, la jueza pospuso la resolución de esta petición para una nueva audiencia programada para el próximo jueves 9 de julio a las 9:00 horas.
Se ha fijado un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que vencerá el 9 de noviembre.
El abogado de Gilda Susana, Alejandro Rojas Pruneda, argumentó durante la audiencia que no existen pruebas de que su defendida haya recibido dichos recursos, señalando que en el momento de los hechos ella era estudiante de economía en el ITAM.