La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado analizar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en México. Esta decisión, considerada histórica, abre el debate sobre el derecho a una muerte digna en el país, especialmente para personas con enfermedades terminales.
El Pleno de la SCJN decidió atraer un amparo indirecto promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama. La quejosa argumenta que las leyes actuales, que prohíben la eutanasia y el suicidio asistido, vulneran su autonomía, libertad y proyecto de vida al impedirle decidir sobre la culminación de su ciclo vital.
La reasunción de competencia fue impulsada por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Irving Espinosa. Ambos coincidieron en que este caso representa una oportunidad para «fijar un criterio novedoso» en torno a este asunto, así como para analizar los cuidados paliativos que reciben los pacientes en etapa terminal.
El debate se centrará en si es constitucional que el orden jurídico sanitario y penal sancione a las personas que exigen el respeto a su autonomía para decidir «cómo y cuándo concluir su ciclo de vida», ofreciendo como única vía la «muerte natural».
El ministro Arístides Guerrero recordó que países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, Suiza y Colombia ya han despenalizado la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, lo que sugiere un precedente internacional para la discusión en México.
La demanda busca invalidar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que prohíbe explícitamente la eutanasia, definiéndola como «homicidio por piedad», así como cualquier forma de suicidio asistido. También se impugnan artículos que, si bien permiten los cuidados paliativos, prohíben el uso de fármacos si la finalidad es acortar la vida del paciente .
La decisión de la SCJN es relevante, ya que, según la Segunda Encuesta de la Investigación en Salud y Demografía (INSAD), siete de cada diez mexicanos respaldan la posibilidad de adelantar la muerte cuando una persona sufre un dolor intenso que le impide llevar una vida digna.
La resolución fue aprobada por una mayoría de ocho votos, con la única objeción de la ministra María Estela Ríos, quien ha mantenido una postura conservadora en temas similares . Tras esta aprobación, el expediente será turnado a un integrante del Pleno para la elaboración de un proyecto de resolución que será discutido en los próximos meses.