La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe un plazo de 60 días para resolver la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos. La mandataria argumentó que la petición, realizada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no constituye un juicio formal de extradición y carece de las pruebas necesarias para su procedencia.
«No hay plazo, lo habría si fuera un juicio formal de extradición. Lo hemos dicho: no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas de que se rechazara esta solicitud», declaró Sheinbaum.
La presidenta explicó que, aunque Estados Unidos aún tiene la opción de iniciar un proceso formal de extradición, para ello deberá presentar evidencia suficiente que justifique la petición ante el gobierno de México. Subrayó que cualquier solicitud de esta índole debe estar respaldada por pruebas sólidas, y advirtió que, de no ser así, la petición podría ser rechazada por las autoridades mexicanas.
Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó categóricamente que Rubén Rocha Moya cuente con protección federal por parte del Gabinete de Seguridad. Harfuch indicó que desconoce si los escoltas que acompañan al gobernador con licencia pertenecen al gobierno estatal o a corporaciones de seguridad de Sinaloa, pero aseguró que no forman parte de los esquemas de protección federal.
«Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó», afirmó García Harfuch, añadiendo que «la escolta que él tiene no es del gobierno federal. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía».
El secretario también señaló que ninguno de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas cuenta con protección del gobierno de México.
El pasado 29 de abril, el gobierno estadounidense hizo pública una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, atribuyéndoles diversos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Rubén Rocha Moya se convirtió en el primer gobernador estatal en funciones acusado por autoridades estadounidenses, lo que lo llevó a solicitar licencia temporal al cargo el 1 de mayo.
Según el expediente estadounidense, Rocha Moya habría favorecido el nombramiento de perfiles presuntamente vinculados con «Los Chapitos» y facilitado condiciones de impunidad para sus operaciones. El gobierno mexicano ha iniciado sus propias investigaciones, y Rocha Moya compareció el 26 de mayo ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.