Por Diego Herrera
Una red delictiva dedicada al robo violento de cuentahabientes, presuntamente liderada por un empleado de Banamex, ha sido desmantelada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Esta organización es señalada como responsable del hurto de 3.6 millones de pesos destinados a la nómina del Sistema DIF Oaxaca.
El incidente central ocurrió el pasado 29 de abril de 2026 en Oaxaca de Juárez, cuando un trabajador del DIF Oaxaca retiró la suma de 3.6 millones de pesos de una sucursal bancaria en Plaza del Valle. Tras realizar el retiro, el empleado fue asaltado violentamente, despojándolo del dinero que estaba destinado al pago de la nómina estatal. La FGEO, en coordinación con instituciones de seguridad y procuración de justicia de varios estados y a nivel federal, inició una exhaustiva investigación. Los trabajos de inteligencia incluyeron el análisis de videovigilancia, rastreo de comunicaciones telefónicas y otros indicios que permitieron reconstruir la ruta de escape de los criminales, identificar vehículos, zonas de resguardo y movimientos financieros de la estructura delictiva.
Las investigaciones revelaron que el principal operador de esta red criminal laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Banamex, ubicado en la sede central del banco en la Ciudad de México. Desde esta posición, el empleado, presuntamente obtenía y facilitaba información estratégica para la comisión de los delitos. Entre la información privilegiada a la que tenía acceso se encontraban las cámaras de vigilancia de todas las sucursales de Banamex en el país, así como datos sobre movimientos de alto valor de cuentahabientes.
Como resultado de la investigación, se logró la detención de seis personas vinculadas con el asalto. Tres de ellas fueron capturadas el 4 de mayo en Infonavit San Bartolo, Puebla. Al día siguiente, el 5 de mayo, fue aprehendido el exempleado de Banamex, señalado como el probable líder operativo, junto con otra persona. Entre los detenidos se incluye un menor de edad.
Actualmente, tres de los implicados ya han sido vinculados a proceso, mientras que los dos restantes esperan la definición de su situación jurídica.
La banda operaba en al menos seis estados del país, incluyendo Veracruz, Puebla, Estado de México y Aguascalientes. Su modus operandi consistía en monitorear a cuentahabientes que realizaban movimientos de alto valor, para posteriormente asaltarlos con violencia. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla destacó que el exempleado bancario era clave en la filtración de información privilegiada sobre estos movimientos. Este caso subraya la vulnerabilidad de los sistemas financieros ante la colusión interna y la importancia de la coordinación interinstitucional para combatir el crimen organizado que afecta a las finanzas públicas y la seguridad de los ciudadanos.