Con el propósito de fortalecer la calidad de las investigaciones y robustecer los procesos de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional.
El acuerdo establece que la instancia de procuración de justicia brindará apoyo técnico especializado mediante la asignación de peritos en disciplinas como documentoscopía, grafoscopía y otras áreas científicas, lo que permitirá a la entidad fiscalizadora contar con dictámenes profesionales en procedimientos de carácter penal, administrativo, fiscal o laboral.
Durante el acto, el encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, destacó que ambas instituciones enfrentan una importante carga de trabajo y cuentan con una amplia capacidad pericial, por lo que avanzar en un mismo rumbo implica fortalecer la coordinación y el intercambio constante de información para la integración de carpetas de investigación. Este esfuerzo conjunto —señaló— se traduce en una colaboración cotidiana que permite dar mayor sustancia y consistencia técnica a los casos.
Esta colaboración representa un paso relevante en el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el uso de recursos públicos, al incorporar capacidades altamente especializadas que contribuyan a detectar irregularidades, acreditar responsabilidades y sustentar procesos legales con mayor solidez. El objetivo es claro: evitar que los casos se debiliten o “se caigan” por falta de pruebas, peritajes o elementos técnicos suficientes, una de las problemáticas recurrentes en procesos complejos.
En este sentido, el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, Jorge Valverde Islas, subrayó que robustecer una carpeta de investigación implica asegurar que cuente con todos los elementos necesarios para transitar con éxito cada etapa del proceso legal, desde su integración hasta su eventual judicialización.
De acuerdo con lo establecido en el convenio, la participación de los peritos se realizará a partir de solicitudes formales, garantizando así una atención eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales, así como una intervención técnica sustentada en criterios profesionales. Este esquema permitirá cubrir vacíos especializados que, en investigaciones anteriores, habían limitado el avance de los procedimientos, particularmente en áreas técnicas como el análisis documental o pericial.
Con esta acción, las instituciones reafirman su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, impulsando mecanismos que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones públicas, contribuyen al adecuado manejo de los recursos públicos y consolidan una fiscalización más técnica, eficaz y orientada a evitar la impunidad.
