La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no encubrirá a ningún funcionario involucrado en delitos, pero advirtió que tampoco permitirá “intromisiones” o acusaciones sin pruebas por parte de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de trabajar el cártel que domina ese estado.
En respuesta a la solicitud de detener para extraditar a Rocha, al senador Enrique Inzunza, al presidente municipal de Culiacán, así como mandos de corporaciones policíacas y de procuración de justicia, la presidenta advirtió que si la Unión Americana no presenta “pruebas claras” sobres estas personas “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
“Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Si presentan pruebas irrefutables se procederá conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, afirmó la mandataria.
Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la noche del 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación nacional.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo cuestionó que, un día después, el Departamento de Justicia hiciera públicas las acusaciones mediante un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”.
“Esto lleva un extrañamiento jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, señaló. FGR revisará si existen pruebas suficientes La jefa del Ejecutivo federal recordó que la propia FGR informó que analizará la documentación enviada por Estados Unidos para determinar si existen elementos probatorios suficientes que permitan solicitar órdenes de aprehensión en México.
Además, explicó que la Fiscalía abrió una investigación paralela para verificar si las acusaciones cuentan con sustento legal y datos de prueba válidos bajo la legislación mexicana.
“La legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba”, sostuvo.
Sheinbaum reiteró que será la FGR, y no autoridades extranjeras, la instancia responsable de determinar si existen elementos para proceder penalmente.
La mandataria también cuestionó la posibilidad de señalar a un gobernador sin sustento probatorio. En ese sentido, formuló la pregunta: “*¿Cómo la presidenta va a acusar a un gobernador? Sin pruebas?*”, insistiendo en que la función del gobierno no es anticipar condenas, sino respetar la legalidad. “No vamos a cubrir a nadie”
La mandataria enfatizó que su gobierno actuará conforme a derecho si se presentan pruebas contundentes contra cualquier funcionario o político mexicano.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó.
La presidenta dijo que México mantiene una relación de igualdad con Estados Unidos y rechazó cualquier acto que vulnere la soberanía nacional.
“La defensa de la soberanía es esta, es un principio. Que no puede, bajo ningún motivo, negociarse… México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador; establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, expresó.
Aseguró que el gobierno federal defenderá la soberanía nacional y rechazó que autoridades extranjeras pretendan influir en decisiones que corresponden exclusivamente a México.
“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, expresó.
No obstante, criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el «dicho de una persona» pero insistió que deben haber «pruebas contundentes» para que se gire una orden de aprehensión. En este sentido, citó el artículo 39 constitucional para subrayar que la soberanía reside en el pueblo mexicano y reiteró que el Estado de Derecho implica procesos sustentados en pruebas y no en señalamientos políticos.
Además, dejó claro que su gobierno no permitirá que un país extranjero intervenga en decisiones que competen exclusivamente a las instituciones mexicanas: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, sentenció.