En un hecho histórico, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Según el fiscal, estos servidores públicos habrían traicionado su posición de confianza para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, convirtiendo a las instituciones del estado en un brazo operativo del Cártel de Sinaloa.
La investigación liderada por la DEA señala que la colaboración no fue esporádica, sino una conspiración estructurada para blindar las operaciones de «Los Chapitos», la facción dirigida por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Los acusados, entre los que figuran jefes policiales y altos mandos de la fiscalía, presuntamente recibieron millones de dólares del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, información de inteligencia y la movilización de fuerzas estatales para resguardar cargamentos de droga.
Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.
Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.