El Gobierno del Estado informa a la opinión pública que la decisión sobre el inmueble ocupado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C. no constituye un desalojo, sino la recuperación legal e institucional de un espacio que debe responder al interés público y al derecho de la sociedad a la cultura. La legislación federal y estatal en esta materia establece que dicha obligación es de orden público e interés social y que el Estado debe garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios culturales, por encima del interés de una asociación privada.
Este inmueble propiedad del Gobierno del Estado fue entregado a dicha fundación hace más de dos décadas y se le amplió su posesión mediante el contrato de comodato OM-DGPI-CC/101/2022, firmado el 1 de marzo de 2022 por el Gobierno de Omar Fayad Meneses y con una vigencia inicial hasta el 28 de febrero de 2042, con posibilidad de prórrogas por plazos equivalentes. Es decir, se configuró un injustificado esquema a largo plazo sobre un espacio de alto valor simbólico y cultural para Pachuca.
La decisión del Gobierno del Estado responde a una convicción de fondo: la herencia cultural de Pachuca no puede quedar sujeta indefinidamente a un esquema privado cuando existe la obligación pública de preservarla, proyectarla y ponerla al servicio de toda la sociedad hidalguense. Por ello, este espacio será recuperado, restaurado y potenciado para consolidarse como un proyecto cultural de carácter público y abierto a la comunidad artística, académica y social.
La visión es clara: Pachuca necesita un museo de la ciudad: público, vivo, dinámico y contemporáneo; no un espacio estático ni restrictivo que privatice la herencia cultural. Este inmueble histórico mantendrá su vocación cultural en esta nueva etapa configurándose como un museo estatal con la participación de especialistas, creadores y artistas. Toda la sociedad, incluida la Fundación Arturo Herrera Cabañas tendrán las puertas abiertas.
Sin institucionalización, este espacio cultural seguirá expuesto al deterioro, al abandono, a la subutilización y a la imposibilidad material de cumplir con los estándares técnicos, legales y operativos que se exigen para albergar exhibiciones y resguardar acervos de museos nacionales e internacionales, así como colecciones públicas y privadas.
El Gobierno del Estado asume así un mandato constitucional, al que renunciaron otras administraciones: el de recuperar para la sociedad aquellos inmuebles comprometidos bajo esquemas desventajosos para el interés general y devolverles una función social, cultural y comunitaria. No hay despojo, ni golpe en contra de la fundación privada que pretendía poseer este inmueble por más de 40 años, hay recuperación, restauración y refundación de un espacio para convertirlo en un verdadero proyecto público al servicio de Pachuca de su historia y legado.