El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó llevar a su Asamblea General, con carácter de urgente, la crisis de desapariciones que se viven en México, para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
En su resolución dada a conocer este jueves, el CED concluyó que hay “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, sostiene un comunicado emitido desde Ginebra, Suiza, sede del CED.
Asimismo, consideró que existen políticas concebidas y aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal o por organizaciones que actúan de forma autónoma, con la complicidad o, como mínimo, la aquiescencia de autoridades para perpetrar las desapariciones. Sin embargo, aclaró que no hay indicios bien fundados de que este tipo de prácticas constituyan en sí mismas una política federal ni a omisiones deliberadas.
Por lo tanto, el Comité concluye que, aunque se están produciendo varios «ataques» y crímenes contra la humanidad en el territorio de México, no hay indicios fundados de que exista a nivel federal una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión.
En este contexto, se propone a la Asamblea General brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencias especializada que México requiere en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones, así como de los vínculos entre servidores públicos y crimen organizados Además, establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos.
De acuerdo con el análisis, no ha existido mejora sustancial en la crisis de desapariciones en México, pese a los esfuerzos del gobierno. Como ejemplo, el Comité mencionó el continuo hallazgo de fosas clandestinas que suman alrededor de 4 mil 500, las cuales contienen 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de otros 72 mil restos no identificados.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, y en un pronunciamiento, la Cancillería advirtió que es tendencioso y no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, señaló.