Tras las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública del Estado de Hidalgo 2024, el Gobierno estatal precisó que la totalidad de los señalamientos corresponden a observaciones de carácter administrativo o solicitudes de aclaración, sin que exista determinación firme de daño patrimonial ni acciones judiciales o de responsabilidad administrativa en curso.
Como parte del proceso ordinario de fiscalización, la ASF otorga un plazo de 90 días para que las entidades presenten información adicional, documenten procedimientos y aclaren aspectos técnicos. Durante ese periodo, el Gobierno del Estado aseguró que atenderá puntualmente cada uno de los requerimientos con absoluta transparencia.
Casos específicos
En relación con la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tienen parentesco con un legislador, se informó que la observación consiste en ampliar la información sobre el proceso de adjudicación. Se puntualizó que la posible relación familiar no configura por sí misma un conflicto de interés en términos legales; no obstante, la Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, revisará y documentará el procedimiento para disipar cualquier duda.
Respecto a los seguros catastróficos destinados al campo y al ganado, el Gobierno estatal afirmó contar con la documentación que acredita la contratación y los mecanismos de cobertura en beneficio de productores afectados, la cual será presentada nuevamente para su valoración dentro del proceso de aclaración.
Sobre la solicitud relacionada con el esquema de nómina, se explicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal aplicable al sector público en materia de ISR, instrumentado mediante comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales conforme a la normatividad vigente, por lo que se aportarán los elementos técnicos que acreditan su legalidad.
En cuanto a los pagos observados por aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario, se detalló que corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral, lo cual será plenamente acreditado ante la autoridad fiscalizadora.
Finalmente, en el caso del municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión del destino de recursos del FAISMUN, por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones correspondientes para que se aclaren los hechos y, en su caso, se realicen las acciones pertinentes.
Compromiso institucional
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración plena con las instancias fiscalizadoras, subrayando que las observaciones forman parte del proceso normal de revisión.
Entre los puntos destacados se enfatizó:
- “No hay daño patrimonial determinado; son aclaraciones administrativas.”
- “Se tienen 90 días y se documentará todo con absoluta transparencia.”
- “La fiscalización funciona cuando se revisa y se aclara.”