La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo informó que el tiempo de inhabilitación de los ex servidores públicos Delia Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud, será determinado conforme a la sentencia que emita el juzgado federal correspondiente.
La dependencia estatal precisó que, por el momento, no es posible fijar la duración definitiva de la sanción administrativa, aunque ésta no podrá ser menor a lo que establezca la resolución del juicio federal de concurso mercantil que se sigue contra Banco Accendo.
Lo anterior se debe a que dicho procedimiento federal, de naturaleza sumaria, definirá si es posible la recuperación de los recursos públicos involucrados, así como la existencia de responsabilidades adicionales. En este contexto, el tiempo de inhabilitación está condicionado al resultado de ese proceso judicial.
La Contraloría explicó que, conforme a la ley, está obligada a respetar el debido proceso y la competencia federal, por lo que no puede imponer sanciones adicionales, definitivas ni cuantificar un posible daño patrimonial hasta que concluya el juicio en curso.
Asimismo, aclaró que la inhabilitación administrativa dictada no sustituye ni cancela las acciones que se ventilan en otras instancias, sino que constituye una medida inmediata para proteger el interés público, impedir la reincorporación de las personas señaladas a funciones públicas o contrataciones gubernamentales, y garantizar que cualquier sanción posterior cuente con pleno sustento jurídico.
La dependencia subrayó que su función es exclusivamente administrativa, por lo que no emite sentencias penales ni mercantiles, y que su actuación se mantiene dentro del marco legal, sin invadir atribuciones del ámbito judicial federal.
Cabe recordar que los recursos involucrados corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de origen federal. En caso de comprobarse malversación, uso indebido o la falta de ejecución de los proyectos para los que estaban destinados, dichos recursos deberán reintegrarse a la Federación, lo que configuraría el daño patrimonial y permitiría el ejercicio de acciones legales adicionales contra los presuntos responsables.
Hasta el momento, la Federación se encuentra a la espera de la resolución definitiva del juzgado federal. En tanto, la Contraloría estatal dará seguimiento institucional al caso hasta la conclusión del proceso judicial, conforme a derecho.