La Contraloría del Estado inhabilitó a cuatro ex servidores públicos por su participación en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, institución que actualmente se encuentra en proceso de liquidación judicial, lo que derivó en un perjuicio millonario a la hacienda pública estatal.
De acuerdo con información del Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, los ex funcionarios inhabilitados son Delia Jessica Blancas Hidalgo, ex secretaria de Finanzas; César Alberto González López, ex subsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, ex director general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, ex titular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.
Según las resoluciones administrativas emitidas por la Contraloría, la contratación de Banco Accendo ocasionó un daño al erario estatal, ya que actualmente no es posible disponer de aproximadamente 863 millones de pesos, recursos públicos que permanecen sujetos al procedimiento de liquidación judicial del banco, luego de que le fuera revocada la autorización para operar.
La investigación determinó que, pese a las alertas y medidas correctivas emitidas de manera oportuna por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto a la situación financiera de la institución bancaria, los servidores públicos involucrados omitieron realizar las acciones necesarias para retirar oportunamente los recursos públicos. Esta omisión expuso los fondos estatales a un riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.
La Contraloría precisó que la inhabilitación impuesta a los ex funcionarios no los exime de las responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales que pudieran derivarse del caso, una vez que concluya el proceso de liquidación y se determine si los activos asegurados de Banco Accendo son suficientes para cubrir los adeudos pendientes con el Gobierno del Estado.
El procedimiento de liquidación de la institución bancaria continúa en curso ante las autoridades competentes, por lo que el destino final de los recursos públicos quedará definido conforme a lo establecido en la legislación financiera aplicable.