Arrogante como es y mal asesorada por su pareja que la convenció de elevar las peticiones presupuestales para el 2026, bajo el supuesto de que mantienen una gran relación con el actual gobierno estatal, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, sufrió un duro revés a sus pretensiones económicas personales y a las del organismo con el que también buscaba hacer negocios, por el Congreso local que le bajo más de la mitad a su solicitud financiera.
No es la primera vez que el llamado Órgano Público Local Electoral (OPLEH) enfrenta las consecuencias de su voracidad económica y en la Cámara de Diputados, ya habían advertido que el dictamen aprobado en el Consejo Local incluía absurdos y supuestos que difícilmente pasarían siquiera al documento que se votaría en el pleno legislativo.
De hecho, desde la misma Secretaría de Hacienda, ya habían diseñado una propuesta sin considerar más del 40 por ciento de lo que quería González Escalona y sus cercanos, pero al final, en los ajustes decidieron sólo quitarle el 60 por ciento a sus pretendidos 652 millones de pesos.
El ajuste fue hecho en los renglones donde de acuerdo con la información obtenida, la consejera González Escalona, pretendía obtener dividendos, como la Consulta Ciudadana de Revocación para la que había pedido poco más de 185 millones de pesos, además de casi 94 millones de pesos, para acciones “preventivas y de preparación” del proceso electoral 2026-2027.
Y para el golpe final, los diputados decidieron sacudirle sus “gastos operativos” con los que pretendía cobrar bonos electorales, aumentar dietas a representantes de partidos políticos y rentas autos nuevos para integrantes del Consejo Local, además de la contratación de personal.
En este espacio dimos a conocer del manejo discrecional de bonos que se daban la consejera presidenta, que de acuerdo con su declaración patrimonial, obtuvo más de 2 millones de pesos de ingresos, cuando de acuerdo con el portal de transparencia sus ingresos, no deberían superar el millón de pesos, lo que habla de un aprovechamiento irregular de recursos, pues declaró tener una sola fuente de ingresos.
Así que, además del golpe presupuestal, lo que está claro es que, su pareja Juan Carlos Mendoza Meza, convertido en su principal asesor, tiene un poco equivocada la brújula en eso de la buena relación con la actual administración, porque ni siquiera se encuentran dentro de los que pudieran considerar empleados cercanos de organismos “autónomos”.
De mi tintero… En los pasajes más obscuros, donde parece permear la corrupción, aparecen otra vez las huellas de alguien relacionado con Hidalgo, ahora es en la tragedia del tren Interoceánico, pues se asegura que, la empresa ABCD Arquitectura S.A. de C.V propiedad de Javier Aguilera Peña, fue la responsable de la construcción y rehabilitación de las líneas K y Z en Oaxaca, justo donde ocurrió la tragedia el pasado fin de semana…y usted se preguntará que tiene que ver ABCD Arquitectura y Javier Aguilera con el estado, pues basta revisar el padrón de proveedores y contratos para confirmar que los llamados “peñitas” fueron los constructores favoritos en el sexenio pasado y su apodo, viene de la relación familiar que tienen con el expresidente Enrique Peña, así las cosas…Esta es la última columna del año, no me queda más que agradecer a los lectores por su atención, críticas y aportaciones, a los directivos de Punto por Punto por su paciencia, respaldo incondicional y apoyo en los momentos buenos y los no tanto…mi compromiso firme, es el rigor periodístico en cada entrega semanal. Feliz 2026.