- Se solicita la investigación a fondo y la separación durante la investigación del empleo actual de los ex funcionarios implicados que se encuentren activos en la administración pública.
Durante la vigésimo tercera sesión ordinaria pública del Ayuntamiento de Pachuca celebrada este jueves, la Regidora Nadia Reyna Camacho denunció un nuevo caso de presunta corrupción ocurrido en la administración anterior: la falsificación de un sello oficial utilizado para validar la entrega de artículos por parte de una empresa privada al municipio, en el marco del Día del Policía.
La Regidora subrayó que este documento falso habría sido utilizado para justificar el pago de una factura, lo que podría implicar el desvío de recursos públicos. “No existe certeza de si el sello fue utilizado en una sola ocasión o si fue parte de más hechos fraudulentos”, advirtió.
Más allá del acto ilícito, la Regidora destacó la omisión de autoridades que fueron informadas del hecho y no tomaron medidas. “La entonces Secretaria de Seguridad notificó a la ex Secretaria de Administración y al Presidente Municipal en funciones. A pesar de haber sido advertidos, no actuaron. Esa inacción constituye una falta grave”, señaló.
Desde la Comisión Especial Anticorrupción, la Regidora ha impulsado una agenda firme para inhibir prácticas indebidas y fortalecer los mecanismos de control. En su intervención, reiteró que “la corrupción no siempre se presenta como un gran escándalo. A veces se disfraza de silencio, de omisiones, de sellos falsos o de trámites que nadie revisa”.
El dictamen presentado solicita a la Contraloría Municipal investigar a fondo la falsificación del sello oficial y determinar la responsabilidad administrativa. Asimismo, exhorta a colaborar con las autoridades competentes para establecer la responsabilidad penal de quienes, teniendo conocimiento del hecho, decidieron no actuar. Además, se solicitó a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo que decrete la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñen actualmente los exfuncionarios implicados, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
“La transparencia no es una promesa: es una obligación. Y la impunidad no puede seguir siendo el sello de nuestras instituciones”, concluyó.