El fin de semana fue detenido el ex notario número 6 en Tizayuca, Octavio Eduardo S.H., acusado del presunto delito de fraude procesal, al beneficiar aparentemente a un particular con una propiedad, sin embargo, el caso tiene una serie de inconsistencias, que abren dudas sí el trasfondo de todo es la disputa de las notarías como ocurre en cada administración estatal.
Hijo del priista Octavio Soto Martínez, Eduardo S.H., obtuvo la patente de notario en 2005, junto con otros políticos como la ex procuradora Flor de María López González; Víctor Manuel Fayad Meneses, hermano del exgobernador Omar Fayad, Eduardo García Gómez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, justamente al final de la administración del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto.
Desde entonces, hubo cuestionamiento hacía varios de ellos y se insistía mucho en que estas patentes eran parte de bonos de marcha a políticos o pago de facturas a quienes estuvieron involucrados en procesos internos priistas o bien apoyaron los procesos de elección de candidatos en ese momento, en el caso de Octavio Eduardo, trascendió que, fue fundamental el apoyo de su papá para convertirlo en fedatario público.
Fue hasta el pasado 26 de septiembre del 2024, que aparentemente entregó su renuncia a la patente y dos meses después se publicó la cancelación de esta, sin embargo, al mismo tiempo tramitó un amparo ante el juzgado cuarto distrito con número 284/2025-IV contra la revocación en la que argumenta aparentes presiones de autoridades estatales.
Desde ese momento, la notaría número 6 esta impugnada y por tanto no se puede realizar ningún tipo de readscripción o movimiento, esto en apariencia, habría motivado la acción en la carpeta de investigación 13-2022-20-16 que inició Marco Polo Herrera Flores, por el presunto delito de fraude procesal en contra del ex notario.
En el expediente que derivó en la causa penal 292/2024, Herrera Flores, acusó a Octavio Eduardo S.H., de escriturar de manera irregular un rancho de su propiedad valuado en 77 millones de pesos, a José Juárez Antonio, todo mediante un convenio “inexistente” entre ambos particulares.
Sin embargo, de acuerdo con las diligencias y pruebas desahogadas en la audiencia inicial, aun cuando existe la escritura, esta no se protocolizó y la propiedad del rancho en Tolcayuca sigue siendo de Marco Polo Herrera Flores y la empresa comercializadora Daheca S.A de C.V. por tanto el delito no se habría consumado.
Aun así, el juez de control de Tizayuca Víctor Manuel Portela Ortiz, bajo el argumento de que el notario podría destruir protocolos y documentos, decidió dictarle prisión como medida cautelar, razonamiento que la defensa jurídica y el propio ex notario rechazaron por inconcebible, lo que despertó dudas de una acción “pactada” desde las oficinas de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
La audiencia continuará, lo mismo que el proceso y habrá que ver los términos en los que se resuelven las siguientes etapas, como también el juicio de amparo contra la revocación de la patente del juzgado cuarto, donde parece estar la clave de todo, sin dejar de lado que el ex notario acumuló 18 quejas administrativas en el archivo de notarias.
De mi tintero. “Quihúbole Leo” era siempre su saludo de Jorge Martínez, acompañado de interrogantes y un gesto cordial, con libreta y pluma en la mano nos encontramos en decenas de coberturas a lo largo de 25 años, crítico, con una agudeza propia que abonaba, sólo nos faltó ser compañeros en la redacción, hubo invitaciones que no se concretaron, quedo pendiente un café, como la propia Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Hidalgo, por lo que siempre pugnó y que de votarse y aprobarse, será uno de sus grandes legados, de él y nadie más…Los que de plano no entienden nada de legalidad, son los González Pérez, Napo e Irám, este último subprocurador poniente quien busca utilizar la dependencia para defender a presuntos delincuentes, la última ocurrió en Tlanchinol donde un hombre fue lesionado gravemente en el abdomen por un disparo de arma de fuego durante una cabalgata pero el funcionario trata de encubrir a José Andrés Granados Ruano, e incluso, quiso sin conseguirlo atraer la carpeta de investigación, para manipularla y reclasificar el delito del que fue víctima Anastasio Fernández Luciano, quien lleva varias intervenciones quirúrgicas y lo único que pide es que el presunto responsable pague lo que hizo, pero el subprocurador tenía otros intereses…