De manera discreta y hasta sospechosa, Verónica. V.B.,una de las exfuncionarias del gobierno estatal y pieza clave en la llamada “Estafa Siniestra”, obtuvo su libertad luego de que el juez de control Luis Raúl González Becerra, concediera el cambio de medida de cautelar de prisión preventiva justificada a presentación periódica, a pesar de estar relacionada en todos los expedientes judiciales iniciados por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH).
La ex operadora de la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas, fue detenida el pasado 31 de octubre del 2023, cuando salía de sus oficinas en la avenida Francisco I. Madero, acusada del delito de peculado agravado por más de 12 millones de pesos por la compra simulada del Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones (SIIVOA) a la empresa Aktaion digital S.A. de C.V.
Fue vinculada a proceso y el juez González Becerra, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva Justificada, por lo que permaneció en el Cereso de Pachuca, hasta que el mismo representante del poder judicial determinó cambiar la medida por el de presentación periódica, es decir enfrentar el proceso en libertad y acudir a firmar cada mes.
Con base a copias del expediente judicial y material magnético en poder de este columnista, desde el inicio de este año, se desarrollaron opciones en las audiencias intermedias, para alcanzar una terminación anticipada del proceso es decir un proceso abreviado con PGJEH y al mismo tiempo se interpusieron amparos ante juzgados federales.
La defensa de la exfuncionaria, encabezada por Jesús Constantino Campos Licona, esposo de la jueza Karina Vértiz Marín, logró que el juez González Becerra, accediera a dejarla en libertad, a cambio de presentarse periódicamente, mientras se avanzaba en el proceso abreviado y el coordinador jurídico del gobierno del estado Raúl Serret, determinaba la reparación del daño, según lo dicho por la defensora Elizabeth Soriano Butrón, quien acude a las audiencias en su representación.
Hasta ahora, no se ha dado la terminación anticipada, pues de acuerdo con el juez, existen trámites pendientes en la PGJEH y las audiencias han sido diferidas por estar pendiente de resolver el amparo federal.
Verónica V.B., es citada en todas las carpetas de investigación del llamado maxi proceso, como la funcionaria que liberó los recursos extraordinarios a expresidentes municipales, y a los ex funcionarios del gobierno estatal, para realizar presuntas compras simuladas, contratación de servicios no ejecutados y obras y servicios no realizadas.
Ella fue la pieza de la Secretaría de Finanzas, que se encargó aparentemente de autorizar y distribuir los 2 mil 500 millones de pesos, que, según las casi 20 carpetas de investigación iniciadas por la Unidad de Alto Impacto, fueron malversados mediante triangulación de cuentas públicas a empresas privadas para su aprovechamiento ilegal, en la lista están Epazoyucan, Tlaxcoapan, Tula, Huautla, Yahualica, Nopala, Tlahuelilpan, Pisaflores, Aitalaquia.
Además de su causa 1738/2023, ha declarado en cinco más donde aparecen como imputados el ex oficial mayor del gobierno Martiniano V.O., el ex director de Recursos Materiales Eloy Porras Oaxaca; el ex director de administración de la Secretaría de Gobierno Aldo A.M., el ex subsecretario de Educación Pablo M.C., y el director de Administración y Finanzas de Caasim Salvador T.S.
El sigilo y la importancia del caso de corrupción más grande definido así por la actual administración, donde estarían involucrados exsecretarios del gobierno del priista de Omar Fayad, despiertan varias suspicacias de la actuación del juez, pues no aplica los mismos criterios jurídicos con los restantes exfuncionarios estatales y municipales vinculados y en prisión por los mismos delitos en la llamada “estafa siniestra”, también porque en más de una ocasión, se habló del conflicto de intereses pues la defensa de Verónica V.B., es esposo de la jueza Karina Vértiz quien de acuerdo con versiones de trabajadores del poder judicial, mantuvo reuniones con el juez Luis Raúl González y por último la poca o nula resistencia del coordinador jurídico Raúl Serret, que en todo parece ser comparsa de las decisiones a favor de los imputados y no de los agravios al estado.
De mi tintero… El exdiputado petista Edgar H.D., quedó exhibido, pues ni era inocente y contrario a lo que había dicho, sí accedió a un proceso abreviado por el delito de narcomenudeo y en la audiencia aceptó su culpabilidad en el delito de narcomenudeo y todavía tiene pendiente el proceso ante la FGR por uso de arma exclusiva del Ejército Mexicano, por ahora ya está en prisión en el CERESO, el mismo del que se había salvado desde septiembre del año pasado…Por cierto, la que no salió en la primera lista de aspirantes al poder judicial federal en el Diario Oficial de la Federación, es la jueza Karina Vértiz, quienes si están Erika Acuña jueza del tercero familiar, Omar Sergio Arroyo, Martina Flores Pérez, Verónica Gutiérrez Fuentes, Daniela Cortes Mora, entre otros… seguramente recurrirá al apoyo del estado para entrar en las siguientes publicaciones…