La Secretaría de Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales, anunció el inicio de la segunda etapa para depurar el Padrón de Proveedores, como parte de los esfuerzos continuos que se llevan a cabo para eliminar “empresas fachada” y fortalecer con ello la transparencia en las contrataciones públicas.
Actualmente, de los 6 mil 941 registros iniciales, se reporta que 301 proveedores fueron dados de baja, mientras que 268 están cancelados por cinco años, y 3 suspendidos por 2 años, lo cual da un total de 6 mil 373 registros vigentes.
Durante el año en curso, la dependencia lleva 286 visitas físicas a los domicilios fiscales de los proveedores registrados, con el objetivo de verificar la existencia física de los establecimientos, así como la veracidad de las especialidades autorizadas y la accesibilidad al público en general.
De las últimas 115 verificaciones realizadas como muestra representativa, se obtuvieron resultados reveladores: 3 domicilios fiscales no fueron localizados, 9 diligencias fueron atendidas por personas distintas al titular o representante legal, 39 proveedores no estaban presentes en su domicilio fiscal declarado, un proveedor no pudo acreditar las especialidades autorizadas, 2 proveedores acreditaron parcialmente las especialidades y 61 proveedores cumplieron con todos los requisitos verificados.
Estos resultados muestran que aproximadamente 47% de los proveedores revisados presentan alguna irregularidad, principalmente relacionada con la localización de los domicilios fiscales declarados o la falta de acreditación de las especialidades autorizadas.
Al respecto, el titular de Secretaría de Contraloría aseguró: “Es crucial intensificar nuestras medidas para erradicar cualquier presunto acto de corrupción en el Padrón de Proveedores», afirmó, además agregó que «Nuestro objetivo es integrar un padrón íntegro que asegure que todas las empresas contratadas cumplan con los requisitos legales y operativos necesarios».
Las acciones de depuración continuarán conforme se implementen medidas más estrictas y se refuerzan los controles, con el objetivo de garantizar que solo aquellos proveedores que cumplan con los más altos estándares éticos y legales continúen como parte del padrón estatal.