La Secretaría Contraloría, liderada por Álvaro Bardales, intensifica la supervisión en centros educativos, institutos y universidades con el objetivo de asegurar la adecuada utilización de los recursos destinados a este sector. Esta labor es crucial para mantener la transparencia y eficiencia, además de garantizar la rendición de cuentas.
Recientemente la Coordinación de Contralores y Comisarios llevó a cabo supervisiones simultáneas en un total de 29 centros educativos: 5 instituciones, 5 centros de subsistemas de educación media superior, 2 universidades estatales, 3 institutos tecnológicos, 6 universidades politécnicas y 8 universidades tecnológicas del estado.
Durante estas revisiones exhaustivas, se verificaron un total de 445 unidades vehiculares pertenecientes a las instituciones educativas. Los resultados de estas inspecciones revelaron diversas irregularidades en el manejo y estado de los vehículos utilizados.
En concreto, se identificaron 77 observaciones, de las cuales el 21 % correspondían a unidades sin bitácora de recorrido o con bitácoras incompletas y erróneas, el 14 % carecían de verificación vehicular, el 13 % no contaban con mantenimiento adecuado, el 12 % presentaban algún tipo de daño, y el 10 % estaban fuera de uso o no contaban con placas vigentes.
El restante 20 % de las observaciones se distribuyó entre vehículos sin pólizas de seguro, unidades con reporte de robo o siniestradas, con problemas relacionados a las pólizas de seguro, sin equipos de seguridad adecuados, resguardos incorrectos, falta de títulos de propiedad, ausencia de logotipos institucionales y ausencia de contratos de comodato.
Ante estas irregularidades, la Secretaría de Contraloría notificó a los rectores y titulares de las instituciones educativas que tuvieron inconsistencias para que, en un plazo máximo de 15 días, procedan a subsanarlas.
Este requerimiento debe ser atendido por los responsables de las áreas administrativas o del parque vehicular, según corresponda. De no cumplirse con las correcciones necesarias en el tiempo estipulado, se iniciará un proceso administrativo que podría derivar en responsabilidades para aquellos funcionarios que hayan omitido sus obligaciones.
El contralor estatal, Álvaro Bardales, señaló la importancia de estas acciones como medidas preventivas contra la malversación de fondos, para la erradicación de prácticas perjudiciales que puedan afectar tanto al sistema educativo como a la sociedad en general.
Este proceso de supervisión y corrección es parte del compromiso continuo de la dependencia para fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la educación, lo que asegura que estos sean empleados de manera correcta, en beneficio de la comunidad.