La Contraloría pone en marcha procedimientos de conciliación, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios.
Estos procedimientos, contemplados como mecanismos alternativos de solución de controversias, tienen como objetivo principal facilitar el diálogo entre las partes involucradas en los pedidos o contratos públicos, con el fin de llegar a acuerdos consensuados que satisfagan sus intereses de manera mutua.
Con ello, buscan evitar el recurso a procedimientos judiciales, ofreciendo una vía más ágil y económica para la resolución de conflictos. Durante la presente administración fueron iniciados 4 procedimientos de conciliación a solicitud de los contratistas.
La Contraloría brinda la oportunidad de exponer sus pretensiones y trabajar hacia una solución pacífica de los conflictos, con el objetivo de reducir la carga en los tribunales y satisfacer las necesidades de ambas partes.
La implementación de estos procedimientos garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las dependencias, organismos públicos autónomos y municipios, con el fin de prevenir el mal uso de los recursos y evitar costos financieros significativos.
Ante ello, informa que el incumplimiento en las contrataciones públicas puede generar impactos negativos en la población, como los retrasos en proyectos clave. Las entidades contratantes deben establecer procesos robustos de gestión y supervisión de contratos para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.