Sin un argumento consistente, legal o válido que se conozca hasta ahora, el ex gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, rechazó acudir al debate que se realizaría en las instalaciones de Radio y Televisión de Hidalgo, de los candidatos a diputado federales por el sexto distrito este lunes y el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en un atentado contra los derechos político-electorales de los ciudadanos de acceso a la máxima difusión, validó el capricho del aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El organismo electoral que hasta ahora, ha llevado a cabo 8 debates, dos de candidatos al Senado de la República y 6 de diputados federales, simplemente sometió a consideración de los integrantes del Consejo, el cambio de sede, día y equipo de producción que llevaría a cabo este ejercicio de contraste de propuestas.
De acuerdo a las versiones del interior del INE, Previamente los representantes de la coalición conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) habían logrado consensar con la consejera presidenta María del Refugio García López y los integrantes de la comisión encargada de organizar los debates, la necesidad de cambiar la sede para tener un “piso parejo” y desventajas por el favoritismo de la televisora pública al candidato de Morena, Ricardo Crespo.
En el fondo, en el cuartel priista y entre el equipo Olverista, circulaban las verdaderas razones por las que el ex gobernador fue tajante desde el inicio en cambiar de sede el debate e incluso amagó con no asistir sí este se llevaba a cabo en el auditorio de la televisión pública: evitar los cuestionamientos por el principal acto de corrupción que tiene en la cárcel a su amigo y uno de sus principales colaboradores, Sergio Islas Olvera.
Islas Olvera, fue director de Radio y Televisión de Hidalgo, entre 2011 y 2016, se separó del cargo meses antes de concluir la administración de Olvera Ruíz, cuando ya comenzaban a circular las versiones sobre las acusaciones de peculado por más de 248 millones de pesos, a través de contratos simulados y orquestados con otras dependencias federales relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Actualmente, el ex servidor público quien también fue consejero local del Instituto Estatal Electoral (IEEH) se encuentra recluido en el Cereso de Pachuca, luego de que fuera reaprendido el pasado 17 de septiembre, tras violar la libertad condicional, en un exclusivo fraccionamiento de Tecamachalco en el Estado de México, y sigue su proceso relacionado con la carpeta 12-20-16-08419 por Simulación de Operaciones Financieras con Repercusión Fiscal y Daño Patrimonial al Erario.
Este caso junto con el del ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Pablo Pérez Martínez, y el ex director de finanzas de la Secretaría de Salud Pablo Pérez Velasco, han sido los principales expedientes de corrupción señalados en la administración de Francisco Olvera y los primeros que fueron señalados en gobiernos priistas que terminaron con el encarcelamiento de ex funcionarios, así que, este parece ser el fondo real de que no quisiera acudir al debate a las Instalaciones de RyTV de Hidalgo y se optará por la limitada producción y señal de un medio a través de la red social de Facebook.
De mi tintero… En el gabinete del gobierno estatal, comienza a causar extrañeza y señalamientos, la presunta operación del titular de la Unidad de Planeación, Miguel Tello, en favor del candidato de Movimiento Ciudadano en San Agustín Tlaxiaca David Medina, quien es el delfín del alcalde zapatero Arturo Hernández Máximo, además del delito electoral, en Plaza Juárez, piden congruencia y si los rumbos ya son otros, pues que el funcionario estatal renuncie y agarre su camino con los “fosfo”, será?… La que se ha convertido en un dolor de cabeza, es la Fiscal Anticorrupción Alicia Medina, que se dice amiga del jefe político del estado y la semana pasada mando esposar a Carlos Oswaldo Quezada, un visitador, sólo porque no quiso cambiarse a su área, el problema no es sólo la detención arbitraria del hijo del juez Carlos Quezada, sino el uso del aparato de la Procuraduría Estatal, para cometer sus arbitrariedades pues a quien mandó a cumplir su orden fue nada más y nada menos que al panista David Reyes Santamaría, hoy director de la Visitaduría y a María Eugenia Olguín, directora de Asuntos Internos, vaya violación a la ley, derechos humanos y derechos laborales….