- La fecha límite para realizarla es el 31 de mayo
- Contraloría reporta un avance del 86% de cumplimiento
Hidalgo tiene un total de 120 mil servidores públicos, los cuales, por ley, están obligados a presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses durante el mes de mayo. A la fecha, de los 84 mil 59 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 72 mil 579 ya cumplieron con dicho deber, cifra que representa un 86% de avance.
Aunque el plazo legal para su presentación termina el 31 de mayo, desde el pasado mes de abril se inició la primera fase de la campaña de difusión para la Presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, en la cual se implementaron canales de atención personalizada a través WhatsApp, con la finalidad de orientar a los servidores públicos en la recuperación de contraseñas y actualización de correos para ingresar a DeclaraNet Hidalgo.
De igual forma, se establecieron módulos de atención en las sedes de los doce Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y de las siete Unidades de Servicios Estatales, así como en la oficina de la Secretaría de Contraloría, con lo que se logró cobertura en los municipios con mayor número de declarantes. Además, para atender inquietudes las 24 horas del día, se implementaron tres ChatBot: “Declara SEPH”, “Declara Salud” y “Declara Gob”.
Asimismo, los Contralores y los Enlaces Administrativos de las Dependencias, Organismos y Ayuntamientos del Estado, así como Organismos Públicos Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial ofrecieron capacitaciones con la finalidad de proporcionar herramientas que permitieran dar atención y seguimiento puntual a los trabajadores de las diferentes áreas, y, sobre todo, enfatizar la importancia de cumplir en tiempo y forma. La meta es alcanzar el 98% del cumplimiento en el Poder Ejecutivo, por ello se invita a los 11 mil 480 servidores públicos que no han presentado su declaración patrimonial a que la realicen cuanto antes, a fin de evitar que en el mes de junio se inicien procedimientos de sanción, la cual, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consistirá en la destitución.