Con 445 votos a favor y cero en contra fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa propuesta por el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa que adiciona una fracción séptima al artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para castigar las redes de corrupción como la llamada Estafa Siniestra, una red de corrupción que involucra a 13 municipios y dos secretarías de la administración estatal anterior por el desvío de recursos superior a 500 millones de pesos.
“La máxima de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción, y en Hidalgo el gobierno que encabeza, Julio Menchaca cuenta con un aliado para romper esas redes de corrupción que tanto han lacerado a las y los hidalguenses”, aseguró Cuauhtémoc Ochoa tras la aprobación de su iniciativa en la máxima tribuna.
Explicó que como se encontraba la legislación se dificultaba inhibir esas redes de corrupción, por lo que debían adaptar la ley, “tenemos la responsabilidad de apoyar en la construcción del andamiaje normativo para facilitar el trabajo de las instancias investigadoras”, comentó Cuauhtémoc Ochoa.
“Lo ha dicho siempre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: nada ni nadie por encima de la Ley; la justicia debe llegar con fuerza y sin pausa, hay nombres y apellidos de los responsables del desfalco al erario público; es inmoral lo que hicieron al pueblo de Hidalgo, deben rendir cuentas y asumir responsabilidades”, expresó Cuauhtémoc Ochoa.
Detalló que, el desvío de recursos se operó a través de moches y aparentes gastos para combatir covid, pavimentar caminos y plantas de tratamiento, recursos extraordinarios que no eran fiscalizados, y que algunos municipios ejecutaron a través de empresas fachadas.
Agregó que gracias a las denuncias hechas por la ciudadanía y de exfuncionarios, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, logró abrir una investigación en contra del exsecretario de Contraloría de Hidalgo, César Román Mora Velázquez, por permitir que en la dependencia estatal laboran servidores públicos sin contar con los estudios académicos para realizar sus funciones.