De cara a la corrupción con las auditorías, investigaciones, resoluciones y sanciones que se realizan posteriores a la entrega recepción en el combate frontal a las irregularidades detectadas como la “Estafa siniestra”, se dan los tiempos suficientes para otorgar el criterio de oportunidad y aplicar la Ley de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción.
La idea es evitar violaciones de derechos humanos, hostigamientos, indemnidad laboral, represalias a ciudadanos y servidores públicos que combaten la corrupción con comunicación, así como el debido ejercicio de sus funciones.
Mediante medidas consistentes en reserva de datos personales; protección policial, cambio de área, traslado a su centro de trabajo, evitar la participación física en las diligencias, atención psicológica, restricción personal y perimetral. La preservación de sus condiciones laborales busca garantizar la confidencialidad, protección del anonimato, y fortalecer la cultura de la denuncia.
Se trata de medidas de seguridad, aplicación de tecnologías de información y comunicación para presentar las denuncias, protección para testigos y familiares de los mismos.
Después de 93 años de corrupción e impunidad, el pueblo reclama incentivar la cultura de la denuncia y dar resultados reales y tangibles para que esto llegue a su fin.
Muchos de los actores contra la corrupción están amedrentados y preocupados por las intimidaciones privadas y ataques que sufren en redes sociales los que encabezan la lucha para desalentar su actuación.
En el gobierno de Julio Menchaca hay resultados tangibles, muchos responsables están en la cárcel por lo que se debe proteger a auditores, testigos y a sus familiares.
En este momento hay cinco ayuntamientos con conocidos procesos judiciales y otros que se sumarán, hay exsecretarios, exfuncionarios de nivel y diversas empresas denunciadas y vinculadas. Por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, la Secretaría de Contraloría emprende la campaña a favor de la cultura de denuncia y protección al denunciante.
La cuestión de la protección de los denunciantes de corrupción se encuentra vinculada a la credibilidad. Cuando los detalles de la investigación salen a la luz con la colaboración de una persona concreta que contó lo que sabe, siempre encontraremos posturas antagónicas para calificarlo.
Así, algunos pensarán que lo hace por venganza o por el interés de ser tratado con mayor condescendencia por la justicia, o incluso por afán de protagonismo, y pocos pensarán que la ética o los principios morales presiden tal iniciativa.
La corrupción no se limita a los actos constitutivos de infracción penal, sino que también incluye la vulneración de los códigos éticos, por eso se debe complementar el combate a la corrupción con capacitación y normas jurídicas anticorrupción.