El gobernador Julio Menchaca destacó el inicio del proceso de certificación anticorrupción ISO 37001, que se implementará en la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal en un primer momento y posteriormente al resto de dependencias que conforman el gabinete, convirtiendo al Gobierno de Hidalgo en el primero en contar con este aval a nivel nacional.
“No encontramos en una etapa decisiva, en donde el combate a la corrupción representa una de las mayores demandas de las y los hidalguenses, por eso empezamos desde el Despacho. Daremos el ejemplo de que trabajar con compromiso, honestidad y transparencia nos permite construir un Hidalgo diferente, el Hidalgo que todas y todos queremos”, enfatizó.
Menchaca Salazar adelantó que, tal como lo hizo al frente del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo, su administración será pionera en la adopción de herramientas de evaluación en las estrategias dirigidas a la atención de las necesidades más sentidas de la población, en apego a los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Explicó que para alcanzar estos objetivos es necesario redoblar esfuerzos para cerrar el paso a posibles actos de corrupción, por lo que la certificación ISO 37001 representa un enérgico recordatorio de que no habrá segundas oportunidades a quienes intenten aprovecharse del cargo público que ostenten para beneficio personal.
“Trabajamos para que todos nuestros procesos administrativos estén blindados y no exista posibilidad de sobornos, haciendo cada vez más accesibles los mecanismos de transparencia y que la gente conozca el paradero de los recursos que le pertenecen al pueblo”, puntualizó.
El mandatario estatal reconoció la disposición de las y los integrantes de la Secretaría Particular para someterse a estos procesos que involucran capacitación constante, exhortándoles a seguir contribuyendo a la reconstrucción de la relación de confianza que debe existir entre la ciudadanía y el gobierno en turno.
Recordó que todas las áreas que componen al Ejecutivo en Hidalgo tendrán que rendirle cuentas al pueblo de sus acciones, por lo que el uso indebido del servicio público deriva en sanciones administraciones y jurídicas.