Este martes se aprobaron las iniciativas con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 202 BIS y 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo con el objetivo de tipificar como delito la denegación o limitación de ajustes razonables ampliando el tipo penal de discriminación, aún más para dar una tutela efectiva de la dignidad, considerando necesario sancionar a las y los servidores públicos que de manera dolosa por corrupción o conflictos de interés, bloqueen la administración de justicia hacia las personas que hayan sido víctimas de discriminación.
Lo que implicaría, que desde el Congreso se impulse una política pública única en el país que tiene la firme convicción de erradicar cualquier forma de discriminación buscando una sociedad más justa y equitativa para todas y todos.
De igual manera, la discriminación es un problema social que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, debemos visibilizar la situación real que se vive en el Estado de Hidalgo. Desde 2018 hasta el 27 de julio del presente año se han iniciado ante la Comisión de Derechos Humanos, un total de 256 quejas por Discriminación de las cuales solo en 15 se emitió una recomendación por violaciones a derechos humanos, lo que representa que solo el 5.8% han sido resueltas favorablemente para quienes han sido víctimas de discriminación.
Por otra parte, en los datos de la Procuración de justicia se da cuenta que desde 2019 hasta el 14 de junio del presente año se han iniciado 102 carpetas de investigación por este delito, sin embargo, solo tres han sido judicializadas y hasta el momento no se ha obtenido una sola censura condenatoria, de igual manera, del año 2021 al 2022 en el Estado de Hidalgo no se ha iniciado ni un solo juicio por daño moral por discriminación, según datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La discriminación, se ha convertido en un problema, tenemos diversas denuncias y quejas por esta situación con pocas respuestas a favor de las víctimas, lo anterior, debido a que este acto se ha institucionalizado, la toleramos en nuestro día a día, preferimos no mirarla y no hacer nada al respecto, consideramos que esto no es una dificultad que se deba sancionar, minimizamos cuando sabemos de algún caso, pero no sabemos el daño real que causa a la dignidad de las personas.
Por tal motivo, existe esta necesidad urgente e impostergable con la sociedad, que exige un cambio, un rediseño institucional para lograr erradicar la discriminación como parte de un proceso para convertirnos en una sociedad más justa y el Estado se convertirá en punta de lanza en la materia dónde seremos pioneros en todo el país.
Así mismo, el Legislador Osiris Leines mencionó: “Si queremos un verdadero cambio hoy tenemos una oportunidad única e histórica de hacer que suceda, de crear un verdadero mecanismo completo para la sanción de la discriminación, como parte de un comienzo para su erradicación, por un mundo en el que nadie sea víctima de discriminación, que ninguna persona sufra el menoscabo de sus derechos y libertades, hoy podemos dar un paso más en la protección de la dignidad humana de las personas.”
Finalmente, aquellos y aquellas que han sido discriminados, dispondrán de los mecanismos estatales para esclarecer la verdad de los hechos; para que ninguna víctima quede desprotegida, ningún culpable impune y no exista daño sin reparación.