Integrantes del grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado, presentaron una iniciativa que reforma la ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatal y municipales, así como de los organismos descentralizados del estado de hidalgo,
La iniciativa, explicó el diputado Roberto Rico Ruiz, “tiene como objetivo incluir la obligatoriedad de capacitación en materia de derechos humanos, para que las y los trabajadores brinden un mejor servicio público atendiendo a los derechos culturales y lingüísticos de la población indígena, bajo criterios de inclusión, interculturalidad, igualdad jurídica y no discriminación”.
“Se propone incluir obligaciones tanto a titulares y como a trabajadores de base de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados de la Administración Pública, así como de los Ayuntamientos en temas de derechos humanos, derechos culturales y lingüísticos de la población indígena, así como brindar servicios públicos”, precisó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación (ENADIS) 2017, explicó ——- “la población indígena es uno de los grupos sociales más vulnerados por discriminación, ocasionada por complejas practicas sociales, prejuicios y un sistema de creencias, sumado a desigualdades sociales, afecta de forma diferenciada convirtiéndose en desigualdad económica, lo que restringe el acceso a servicios y reproduce estereotipos”, señaló el legislador priista.
En este sentido, resaltó , “Hidalgo se caracteriza por ser uno de los estados con mayor concentración de población indígena, al ocupar el quinto lugar a nivel nacional de acuerdo con el Censo General 2020 de INEGI, este instrumento señala que en la entidad la población que habla una lengua indígena es de 362,629 hablantes, es decir, el 12.3% del total de la población”.
Además, “de acuerdo con el informe La pobreza en la población indígena de México, 2008-2018 de CONEVAL, la precariedad de las condiciones de vida en la población indígena ha sido sistemáticamente mayores con respecto a la población no indígena”.
Finalmente, Rico Ruiz explicó que es imperativa la necesidad de incluir la obligatoriedad de capacitación en materia de derechos humanos, para que las y los trabajadores brinden un mejor servicio público atendiendo a los derechos culturales y lingüísticos de la población indígena, bajo criterios de inclusión, interculturalidad, igualdad jurídica y no discriminación, a fin de eliminar obstáculos para la efectiva participación de este sector en la vida política, económica, cultural y social del estado de Hidalgo”, concluyó.