El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la prisión preventiva por los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, es “proteger la corrupción” y “a la minoría”, y eso significa seguir protegiendo la corrupción y que los fifís no vayan a la cárcel.
“Que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos, eso refleja, el que va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías…. Se trata de delincuentes de cuello blanco, no puede ir a la cárcel los fifís”, dijo el jefe del ejecutivo en su conferencia matutina.
De acuerdo con el mandatario, cuando banqueros, grandes empresarios y dueños de despachos fiscales cometen fraudes millonarios, provocan que la Hacienda Pública deje de recibir ingresos que podrían ser utilizados para apoyar a la gente pobre con educación, salud y trabajo.
Mencionó que los ministros de la Corte están siguiendo la misma política de la época de Carlos Salinas donde se modificó el Código Penal para que la corrupción no fuera delito grave.
Sin embargo, celebró que esta decisión demuestra que en México hay división de poderes y que el Poder Ejecutivo ya no es el «poder de los poderes».
«Para los que no creen en la transformación, yo creo que es muy claro el que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera».
Por tanto, dijo que el gobierno federal respetará la determinación de la Suprema Corte, aunque no esté de acuerdo con ella.
«La tercera es que dicho lo anterior es que nosotros vamos a respetar la decisión de la corte porque queremos estar en un verdadero Estado de derecho».
Ayer, con ocho votos a favor y dos en contra, la SCJN invalidó las reformas a la legislación penal realizadas en noviembre del año pasado para castigar con cárcel los delitos fiscales, como el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas, en atención a los recursos promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra de diversas disposiciones de la de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.
Tras la votación, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, escribió en su cuenta de Twitter que su voto fue congruente con lo que ha sostenido desde hace años.
“La prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”, puntualizó.