En sesión en el Senado de la República, las y los legisladores aprobaron 11 dictámenes cuyo contenido implica la modificación de diversos preceptos constitucionales en múltiples rubros trascendentes para el país, como son: Justicia Digital, Seguridad Privada, Justicia Cívica, Acciones de Inconstitucionalidad, así como en lo relativo a la polémica partida secreta; una facultad discrecional con la que contaba el Poder Ejecutivo Federal para disponer de recursos públicos de forma opaca y sin rendición de cuentas.
En esta sesión plenaria también se aprobaron modificaciones constitucionales en materia de símbolos de identidad estatal, lenguas nacionales, lenguaje incluyente, así como las relativas al nombre oficial de los Estados de Veracruz y Michoacán. Es así como las senadoras y los senadores reformaron en conjunto los artículos 2, 5, 17, 21, 26, 30, 34, 43, 73, 74, 105 y 116 de la Constitución Federal.
Los legisladores celebraron la aprobación unánime del dictamen sobre la eliminación de las tristemente célebres “partidas secretas”, ya que la modificación al artículo 74 de la Constitución, implica que no podrán existir este tipo de rubros en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cabe destacar que las y los senadores expresaron que durante muchos años las partidas secretas permitieron actos de corrupción, ya que, al tener un rango constitucional, el Ejecutivo Federal podía disponer libremente de dichos recursos sin la autorización del Congreso, ni la fiscalización que imponen las normas en la materia.
En el dictamen sobre Justicia Cívica, se incorporan mecanismos alternos a la aplicación de sanciones penales, como medio para prevenir el delito y evitar que los conflictos escalen a conductas violentas que pongan en riesgo el orden público. Entre los objetivos de esta reforma constitucional se propone transitar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de conductas delictivas, a la incorporación de una visión de justicia holística que facilite y mejore la convivencia en las comunidades.
En el particular de la Justicia Digital, la incorporación de este principio al artículo 17 constitucional, busca garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, en todos los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la Federación y a las entidades federativas para garantizar el acceso a la justicia por todos los medios posibles.
