Representantes de una parte del sector empresarial, de los trabajadores y el gobierno federal firmaron un acuerdo para dialogar y terminar con los esquemas de subcontratación para terminar con las prácticas irregulares y perjudiciales para los trabajadores.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentó los cuatro puntos del acuerdo, los cuales fueron resultaron del diálogo entre los tres sectores. Aseguró que las discusiones se han ido haciendo desde tiempo atrás y fueron organizadas con el fin de crear compromisos para la regularización del outsourcing.
El primer punto es el compromiso de las partes a resolver el problema del abuso de la subcontratación y que las empresas nacionales iniciarán, inmediatamente, el proceso de regularización de la contratación en el marco de la iniciativa hecha por el presidente hace unas semanas.
El segundo punto es sobre las utilidades. Este tema no está completamente debatido ni definido, por lo cual se abrirá un espacio para la discusión de este proceso tras la firma del acuerdo.
Por otro lado, el tercer punto indica que las empresas involucradas han solicitado aplazar la discusión de la iniciativa hasta el mes de febrero del próximo año, esto con la finalidad de ajustarse a la reforma y a sus implicaciones operativas.
Finalmente, el cuarto punto es un llamado a las empresas para que dejen de realizar prácticas irregulares y perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. Se menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el Infonavit y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) exhortarán a estas empresas y en caso de encontrarse irregularidades se procederá administrativa o penalmente.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Confederación de Trabajadores (CTM) y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Además, firmaron representantes del sector obrero, como Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Firmaron también representantes del sector empresarial: la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Tras la firma, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron suscribir el acuerdo propuesto por el Ejecutivo federal respecto a la ley de outsourcing que, de acuerdo a estas instituciones, pretende coartar la libertad de la subcontratación y que atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas. Su aprobación en estos términos dañaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, alertaron las cámaras representantes de la iniciativa privada. También rechazaron que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
Destacaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.